La última reunión conjunta para tratar de pactar la reforma laboral finaliza sin acuerdo

Durante el encuentro, que ha durado más de diez horas, Gobierno, empresarios y sindicatos no han coseguido acercar unas posturas distanciadas desde hace meses y han perdido la oportunidad de sacar adelante una reforma pactada, tal y como pretendía el Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales han explicado que con esta reunión se constata que no hay posibilidad de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, por lo que la negociación con los agentes sociales queda finalmente cerrada. Aún así, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un documento que incluirá las líneas principales del decreto y que enviarán a empresarios y sindicatos mañana al mediodía. Durante la tarde del viernes, celebrará reuniones de consulta y opinión con los sindicatos y con la CEOE, que, en este caso y a petición de los empresarios, se celebrarán por separado.

La petición de la patronal pone de manifiesto la distancia que separa a los agentes sociales sobre las principales líneas que debe incluir una reforma que se someterá ahora al examen de los grupos parlamentarios. Una vez más han sido las diferencias sobre el abaratamiento del despido las que han vuelto a complicar un acuerdo que finalmente ha fracasado tras dos años de desencuentros. De hecho, fuentes sindicales han asegurado que han sido las posiciones maximalistas de la CEOE las que han impedido el acuerdo.

Críticas de Rajoy

El PP, por boca de su líder, Mariano Rajoy, se ha apresurado a criticar el fracaso en las negociaciones, aunque ha expresado su disposición a hablar con Zapatero sobre el tema. Rajoy ha recordado que hace unas semanas el Gobierno aprobó el "decretazo" relativo a los recortes sociales sin "hablar ni plantear" nada al Partido Popular. Por eso, espera que "no ocurra lo mismo" con la reforma laboral.

Ésta es la segunda vez en esta legislatura que fracasa el proceso de diálogo sobre la reforma, ya que el pasado mes de julio se rompieron también las negociaciones ante la insistencia de la patronal por reducir cotizaciones sociales.

Tras el nuevo fracaso, el Ejecutivo tendrá que empezar a buscar el apoyo de los grupos políticos para sacar adelante la reforma en el Congreso, sólo unas semanas después de que consiguiera dar 'luz verde' al decreto antidéficit por un solo voto de diferencia. Además, el Ejecutivo corre el riesgo de tener que hacer frente a una huelga general, ya que los sindicatos llevan semanas advirtiendo de que si la reforma lesiona los derechos de los trabajadores con medidas como el abaratamiento del despido convocarán una movilización de este tipo.

Despido más barato

La música del decreto que tendrá que elaborar el Ejecutivo va en esa dirección, puesto que previsiblemente planteará que los despidos en empresas en crisis puedan tener una indemnización de 20 días, en lugar de los 45 días que acaban pagando normalmente los empresarios.

De la misma forma, el Gobierno podría facilitar el despido por causas objetivas, de 20 días, basado en razones económicas, tecnológicas y organizativas, y extender el contrato de fomento del empleo estable, de 33 días de indemnización por despido improcedente, frente a los 45 días de los indefinidos ordinarios. La idea del Ejecutivo sería la de universalizar este contrato, de forma que pudiera hacerse a todos los colectivos (ahora están excluidos los varones de 30 a 45 años).

Asumir parte del coste

Una de las novedades planteadas en la reunión de esta madrugada ha sido la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asuma el pago de ocho días en las indemnizaciones por despido. Esta propuesta, que abarataría el coste del despido para los empresarios y no para los trabajadores, sí cuenta con el visto bueno de los empresarios y de los sindicatos porque no supone una pérdida de derechos.

El modelo alemán, que permitiría combinar la reducción de jornada con compensaciones externas, y el modelo austriaco, basado en la creación de un fondo nominal, nutrido con aportaciones empresariales, que el trabajador podría cobrar al ser despedido o guardar para más adelante si cambia de empresa, son otros asuntos que podrían formar parte del decreto del Gobierno.