Responsabilidad política y responsabilidad penal

El auto sobre Chaves y Griñán es un buen ejemplo de esta paradoja. Por un lado, sus efectos penales son más bien modestos. Contrariamente a lo que se dice, ni se ha dictado auto de procesamiento ni mucho menos se ha ordenado la apertura del juicio oral. Cierto que el juez ha decidido inculpar a los dos expresidentes por graves delitos. Pero ahora serán el Fiscal y las acusaciones (los únicos constitucionalmente habilitados para ello) los que solicitarán, o no, que se les procese, y sólo después de escuchar a estos y a las defensas el juez decidirá, o no, sentarlos en el banquillo. Contando con los recursos que pueden interponerse en el camino, hay que afirmar que éste se encuentra, si se produce, aún lejos. Por supuesto, su eventual resultado no sólo está más lejano, sino que es aún más incierto, pues, afortunadamente de nuevo, en nuestro país a los juicios se entra como inocente, e inocente se debe salir a no ser que en las sesiones del mismo se demuestre la culpabilidad del acusado ante unos órganos judiciales distintos del que dirigió la investigación contra nosotros.

Mientras tanto, si el investigado o inculpado ejerce funciones públicas, la responsabilidad política que se ha ido generando obedece a parámetros muy distintos: no se dirime en Derecho, sino en el aún más proceloso terreno de la opinión pública, donde, mal que nos pese, a todo aquel que ostenta un cargo público se le considera siempre culpable de algo, en el mejor de los casos de haberse dejado engañar. A pesar de su diferente naturaleza, un error común entre nosotros es empeñarnos en hacer depender la responsabilidad política de la penal. No debe ser así: hasta el más inocente de los políticos debe estar dispuesto a dejar la vida pública si pierde la confianza de sus conciudadanos. Por supuesto que nadie confía en alguien que ha sido declarado culpable de un hecho delictivo, pero todos conocemos a mucha gente en la que confiamos más bien poco a pesar de que no han cometido ninguno. Son los jueces, y no la opinión pública, los únicos que pueden mandar a un ciudadano a la cárcel. Pero los ciudadanos, y no los jueces, deberían los únicos que podrían mandar a un político a su casa.