El honor de los inocentes

Derecho a la libertad. Según la Fiscalía General del Estado las detenciones efectuadas se practicaron por iniciativa de la Policía y, en el caso de la del alcalde de Granada, no contó con la conformidad de la Fiscalía, que tampoco informó favorablemente la entrada y registro en su domicilio particular. Y si bien la Policía no necesita autorización judicial para llevarlas a cabo, tiene la obligación legal de fundar racionalmente por escrito la estricta necesidad de las mismas. ¿Lo ha hecho?

La Fiscalía General del Estado considera que el estado actual de las investigaciones no permitía fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales, de lo que cabe deducir que hasta ahora no se han apreciado datos objetivos reveladores de una conducta que, pese a no alcanzar una definitiva relevancia penal (eso lo decidirá la sentencia que se dicte en su día), sí exterioricen un proceder reprochable del Alcalde.

Una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional somete la detención de cualquier ciudadano al criterio de la necesidad estricta, proporcionalidad e idoneidad en consonancia con lo dispuesto en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La detención, en tanto que intromisión en el derecho a la libertad, es la más severa y excepcional de las medidas cautelares y, por tanto, es materia de legalidad constitucional por la necesaria protección del derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. Cuando se conozcan las razones motivadoras de las detenciones se podrá valorar si han sido estrictamente necesarias o sencillamente han podido ser ilegales por no estar constitucionalmente legitimadas.

Presunción de inocencia. El artículo 24.2 de la Constitución Española proclama el derecho a la presunción de inocencia, en virtud del cual una persona es inocente mientras no exista una resolución judicial que declare su culpabilidad. Cualesquiera opiniones que predeterminen la culpabilidad del inocente, en juicio paralelo y sumarísimo, vulneran frontalmente este derecho constitucional. En la 'Operación Nazarí' los detenidos han sido ya social y políticamente condenados, lo que constituye un hecho profundamente antidemocrático y contrario a nuestro Estado de Derecho. Y es especialmente sonrojante que haya sido el PP el que se haya sumado a esta condena sin juico justo y anticipado la pena pidiéndole al alcalde que dimita sin tan siquiera haber comparecido y declarado ante la Jueza, despojándole así de todos sus derechos constitucionales, incluido el de permanecer en el cargo sin perturbaciones ilegitimas (art. 23 de la CE) en aras de una mal entendida «estabilidad y gobernabilidad» del Ayuntamiento de Granada.

Corren malos tiempo para la presunción de inocencia, y lo que es más preocupante, cada día son más, encabezados por dirigentes políticos y representantes públicos de todo signo, los que con sus opiniones, actitudes y conductas hacen apología del principio de presunción de culpabilidad.

Derecho fundamental a la reputación de inocencia. Es el derecho de las personas investigadas en un proceso penal a mantener su buen nombre como inocentes por no haber sido aun condenados por la justicia. El Tribunal Constitucional, desde la sentencia 109/1986 (BOE 22/10/1986), viene proclamando que el derecho a la presunción de inocencia también constituye el derecho del imputado (ahora, investigado) «a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo», incluyendo especialmente el derecho «a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo». El derecho del que se habla es en realidad, según la tesis del profesor Rodríguez, el derecho al honor, cuyo objeto protege el buen nombre personal y la reputación de los inocentes.

El 'efecto espectáculo' de la Operación Nazarí, provocado sin duda por la detención del alcalde, y la proyección mediática alcanzada por ello, han arrasado con el derecho al honor de los detenidos, están distorsionando la realidad, confundiendo a la opinión pública y alimentando la desconfianza de los ciudadanos en el sistema democrático al aumentar subjetivamente la percepción de corrupción.

No se puede combatir la corrupción violando derechos constitucionales. Hay que respetar el Estado de Derecho.