'Operación Anubis': diez millones de papeletas y golpe a los cerebros del 1-O

Los funcionarios del instituto armado dieron el golpe de efecto con el arresto de los nueve altos cargos de la Generalitat encargados de gestionar en primera persona los preparativos del referéndum, de los tres informáticos que han diseñado la operativa del 1-O y de los dos responsables del custodiar los casi diez millones de de papeletas que el Gobierno de Carles Puigdemont había encargado imprimir y que fueron aprehendidas en un nave a las afueras de la ciudad condal.

En el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido nadie ocultó ayer que el propósito de la macro redada era intentar «neutralizar» la consulta declarada ilegal por el Constitucional. La 'operación Anubis', tal y como estaba diseñada, es solo un «peldaño más» en la estrategia «creciente y gradual» de acoso a los preparativos del 1-O. Las detenciones llegaron -recordaron desde Interior- tras cinco días consecutivos con registros, pero sin arrestos, con buena parte del material propagandístico del 1-O fuera de juego y con la Generalitat incapaz de notificar a los miembros de las mesas sus obligaciones electorales porque el martes fueron incautadas las 45.000 cartas dirigidas a los futuros presidentes y vocales.

El objetivo prioritario de los agentes ayer era la detención de los cerebros del 1-O, empezando por Josep Maria Jové, el secretario general de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda y mano derecha del vicepresidente Oriol Junqueras. Junto a Jové cayeron otros ocho cargos de los departamentos especialmente concernidos en la organización de la consulta como Hacienda, Asuntos Exteriores, Patrimonio o Tecnología y Comunicaciones. El propio Junqueras se libró del arresto por su condición de aforado, admitieron mandos de la operación.

Tras las detenciones, los expertos de la Policía Judicial se centraron en los registros en busca de pruebas para acusar a los catorce arrestados y a las seis personas más «investigadas» que no fueron capturadas de los delitos desobediencia, prevaricación y malversación. A las ocho de la mañana comenzaron de forma simultánea los 41 allanamientos en dos empresas, siete entidades públicas y diez domicilios de Barcelona y Tarragona. Los funcionarios irrumpieron en las sedes de cinco departamentos de la Generalitat: Vicepresidencia, Economía, Gobernación Asuntos Sociales y Exteriores. Hubo registros en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el Instituto Catalán de Finanzas, la Dirección General de Atención Ciudadana, el Centro de Estudios Autonómicos, la Fundación Punt Cat, la Agencia Tributaria de Cataluña, el Consorcio de Administración Abierta, el Instituto de Estudio de Autogobierno o la empresa T-Systems. En todo los allanamientos el anhelo de los funcionarios fue el mismo: encontrar documentación de los contratos o adjudicaciones para dar cobertura al referéndum.

Pero el plato gordo estaba por llegar: la incautación de la práctica totalidad de las papeletas encargas por la Generalitat para el 1-O. Los servicios de Información tenían vigilados desde hace días a los dos responsables de custodiar el material. Se trata de Pau Furriol Fornells, abogado, miembro de ERC y expresidente de la Comisión Garantías del partido y Mercedes Martínez Martos, apoderada de la empresa de publicidad Fox Box Publi Alternativa

Los agentes trasladaron a Furriol a la nave del polígono industrial Can Barris de la localidad de Bigues i Riells (Barcelona) donde se sospechaba que la Generalitat guardaba el material. Y así fue: en los palés, listas para su distribución, había 9.894.350 papeletas de votación. Y no solo. Allí también apareció buena parte de los efectos que iban a ser usados en los colegios, tales como carteles con la leyenda 'local electoral', actas numeradas de votantes con la inscripción 'referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017', actas de escrutinio, actas de constitución de mesa y otros formularios.

La 'operación Anubis' tuvo un pequeño apéndice a manos de la Policía Nacional, que incautó ayer a las puerta de la sede de la CUP en Barcelona varias decenas de carteles de propagada electoral.

Tras la jornada maratoniana del miércoles, las fuerzas de seguridad del Estado ultimaban ayer sus próximos movimientos. En el horizonte inmediato, sobre todo la Guardia Civil, tiene la incautación de las urnas del 1-O (el Gobierno de Puigdemont afirma que son 6.000) y la aprehensión de los varios millones de tarjetas censales que la Generalitat todavía no ha distribuido para informar a los votantes de los lugares donde se ubican sus respectivos colegios.