La juez Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»

La magistrada ha asegurado que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había «miedo» a que siguiera investigando los cursos de formación, donde se habían encontrado hechos «sumamente graves».

Tras ser preguntada sobre el hecho de que se queje de que la apartaran de las macrocausas cuando fue ella quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial, afirma que el presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados.

Añade que ese compromiso se mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia, de manera que tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6, pero se llevó la «sorpresa» de que todo fue «un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA», para que ella no siguiera con la investigación de dichos procedimientos.

«En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más», según indica, apuntando que la «causa real de la denegación de la comisión de servicios» fue, desde su punto de vista, «el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas».

Preguntada sobre por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación, añade que porque «había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas». «En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE», apunta.

Durante la entrevista también se refiere a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para señalar que la jefa del Ejecutivo podría incurrir «en un delito de malversación si no reclama» el dinero de las ayudas sociolaborales del caso de los ERE. «Los políticos tienen que actuar siempre en favor del interés general de la ciudadanía y no pueden renunciar jamás a recuperar un dinero que es público», según la juez, que señala que, con independencia de que «sea delito o no, ese dinero hay que reclamarlo porque se ha concedido bajo un procedimiento ilegal».

Cuestionada sobre si ha sufrido «presiones e injerencias políticas directas o soslayadas cuando instruyó el caso ERE, Mercasevilla, el de los avales o los cursos de formación», señala que «por supuesto, a diario»: a través de las «manifestaciones constantes en prensa por parte de los políticos, como cuando Alfonso Guerra dijo que yo estaba vinculada al PP, o que tenía una relación especial con Juan Ignacio Zoido, extremos totalmente alejados de la realidad, o como cuando Susana Díaz contactó con el CGPJ para sugerir o protestar en relación al caso de los ERE».

«Lo de la presidenta de la Junta de Andalucía fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE, y que ya venía evidenciándose en las diferentes macrocausas que instruía al denotarse un menor interés acusatorio», señala.

Con respecto a las imputaciones de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE, señala que Griñán sí está imputado por prevaricación y malversación, pero Chaves sólo por prevaricación, «cuando presuntamente, y de lo que se deduce de la instrucción, habría cometido la misma actividad que el señor Griñán, sin olvidar que fue en su etapa como presidente cuando dio comienzo a la actividad presuntamente ilícita».