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M. SÁIZ-PARDO
Lunes, 7 de mayo 2018, 00:22
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madrid. El Ministerio del Interior no tira la toalla porque el problema, lejos de estar bajo control, sigue en pleno auge a pesar de todos los esfuerzos de Instituciones Penitenciarias. La expansión del radicalismo yihadista en las cárceles es una realidad imparable. Los últimos planes para intentar «desradicalizar» a los terroristas en prisión están fallando (solo diez de los 146 presos yihadistas han participado en cursos de rehabilitación, según la información oficial de Interior). Y la captación yihadista en prisión no disminuye (76 reclusos comunes están siendo monitorizados por haberse convertido, o al menos, acercado a la 'guerra santa' durante su estancia en la cárcel).
La última apuesta de Interior para, cuanto menos, poder tener información veraz sobre el alcance de este preocupante fenómeno es una herramienta a modo de encuesta, el denominado «instrumento de evaluación del riesgo de radicalismo violento» que ha comenzado a distribuirse en todos los centros de la administración central en las últimas semanas.
En realidad, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, son 39 preguntas que los funcionarios deben responder tras una observación minuciosa de los presos bajo sospecha. Hay dos apartados. Doce preguntas dirigidas a calibrar el grado de integrismo que ya ha alcanzado un recluso («riesgo de violencia radical») y 27 para determinar si el interno está siendo reclutado en prisión («riesgo de proselitismo, captación o radicalización violenta»).
En el primer bloque los funcionarios tienen que responder a datos que los especialistas ven claves para detectar a un ya radicalizado: «reciente entrenamiento físico», «rasgos psicopáticos», «intervención de material extremista», «resistencia al cumplimiento de la normativa del centro», «antecedentes extremistas» o «medio social vinculado al radicalismo violento», son algunos de los apartados que los trabajadores tienen que valorar en una escala de uno a tres.
En el segundo apartado, el de los posibles captados, las cuestiones a tener en cuenta por los funcionarios son, entre otras, «no tolerar la existencia de árabes no creyentes», «relaciones preferentes con musulmanes», «rechazo a las funcionarias o personal femenino», «tendencia al aislamiento», «interno influenciable» o «cambios recientes en su rutina diaria».
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