Interior encuesta a los funcionarios para frenar el yihadismo en las cárceles

La última apuesta de Interior para, cuanto menos, poder tener información veraz sobre el alcance de este preocupante fenómeno es una herramienta a modo de encuesta, el denominado «instrumento de evaluación del riesgo de radicalismo violento» que ha comenzado a distribuirse en todos los centros de la administración central en las últimas semanas.

En realidad, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, son 39 preguntas que los funcionarios deben responder tras una observación minuciosa de los presos bajo sospecha. Hay dos apartados. Doce preguntas dirigidas a calibrar el grado de integrismo que ya ha alcanzado un recluso («riesgo de violencia radical») y 27 para determinar si el interno está siendo reclutado en prisión («riesgo de proselitismo, captación o radicalización violenta»).

En el primer bloque los funcionarios tienen que responder a datos que los especialistas ven claves para detectar a un ya radicalizado: «reciente entrenamiento físico», «rasgos psicopáticos», «intervención de material extremista», «resistencia al cumplimiento de la normativa del centro», «antecedentes extremistas» o «medio social vinculado al radicalismo violento», son algunos de los apartados que los trabajadores tienen que valorar en una escala de uno a tres.

En el segundo apartado, el de los posibles captados, las cuestiones a tener en cuenta por los funcionarios son, entre otras, «no tolerar la existencia de árabes no creyentes», «relaciones preferentes con musulmanes», «rechazo a las funcionarias o personal femenino», «tendencia al aislamiento», «interno influenciable» o «cambios recientes en su rutina diaria».