Interior no encuentra la fórmula para acabar con el caos del DNI

Los técnicos de Interior avisan de que «se aproxima la tormenta perfecta» porque la plantilla de expedición ha perdido más de 700 trabajadores; el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido no ha conseguido ni la quinta parte de los refuerzos de personal que pedía; 2017 va a ser un año récord en renovaciones de documentos con casi 20.000 diarios; el 60% de las oficinas de expedición se encuentra en situación técnica de «saturación»; la gratuidad de los documentos para las familias numerosas ha multiplicado la demanda; el pago telemático de las tasas no termina de funcionar y encima se aproximan las vacaciones de Semana Santa y, luego, las de verano, épocas de picos de demanda de documentos o de renovación.

Los informes de Interior admiten la gravedad de la situación. Uno fechado el 1 de marzo por la Subdirección General de Logística, el organismo que intentar apagar este fuego, admite la precariedad de la situación: «En materia de personal se viene arrastrando desde hace algunos años un importante déficit motivado por la falta de sustitución de personal titular que ha causado baja, principalmente por jubilaciones, lo que ha originado la ausencia en los puestos de expedición al público superior a los 730 funcionarios». La Policía, explica ese informe, habría reclamado 504 plazas a la Administración General del Estado, pero solo ha obtenido cien para este año, y hasta la fecha solo se han incorporado diez. En la actualidad, el 62% de las 289 oficinas de expedición de documentación están en situación técnica de «saturación». Es decir, que el sistema no acepta ni siquiera la petición de una cita previa porque las fechas libres están por encima de los dos meses. La Policía, no obstante, asegura que la situación era peor hace unos meses (saturación del 75%) y que va a intentar que se reduzca durante los próximos meses al 50%. O sea, pasar de 36 días a 30 días de espera.

Citas trampa

Sea como fuere, el pasado jueves (según la consulta efectuada por este periódico) en más de la mitad de las provincias había más de un punto de atención saturado. Lo peor, en Barcelona y sus barrios, y Madrid y sus provincias limítrofes. Pero la crisis ya se ha extendido a otras ciudades y provincias con importante población como Sevilla, Cádiz, Málaga (sobre todo los municipios costeros), la práctica totalidad de Vizcaya y Guipúzcoa, Alicante, Murcia y las oficinas de los dos archipiélagos. No obstante, el muestreo tiene fallas. Comisiones Obreras denuncia que Interior introduce un pequeño puñado de «citas trampa» en fechas muy cercanas, para poder alegar luego que los plazos no son tan largos.

Las armas de la Policía para intentar reducir los tiempos de espera son la compra de ordenadores (1.654 equipos), la apertura prevista para este año de 41 oficinas y el pago telemático de las tasas para agilizar los procesos, un sistema que entró en vigor el pasado 27 de febrero, aunque con «innumerables problemas técnicos» hasta el punto de que en dos días solo 50 personas lo usaron.

La situación es tan delicada que el director general de la Policía, Germán López Iglesias, ha tomado cartas en el asunto. El 24 de febrero envió una circular ordenando que todo el personal civil de la Policía que tenga asignados lugares de atención al público pase con «prioridad absoluta» a ocupar puestos de atención del DNI. López Iglesias también lamenta la «pérdida considerable del número de funcionarios de los cuerpos generales (no policías)» por no haberse convocado ofertas de empleo debido al recorte del gasto público.