Sánchez dice que la decisión del Parlament es un «abierto desafío» a la legalidad

Sánchez ha leído una declaración institucional en la sede socialista de Ferraz tras la aprobación por el Parlament catalán de las conclusiones del proceso constituyente. El líder socialista ha mantenido una conversación telefónica con el jefe del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para brindarle su apoyo al cumplimiento de la ley y pedirle que tome la iniciativa en la búsqueda de una solución política al problema de Cataluña.

Sánchez ha recalcado que es "un grave error político" que "no va a ninguna parte, salvo a la quiebra de la convivencia y la división de la sociedad catalana", y ha subrayado que esto "perjudica" al conjunto de España, pero "en especial a Cataluña, a sus instituciones y a la ciudadanía catalana".

El líder del PSOE, que ha hecho una comparecencia sin preguntas en la sede de su partido, ha insistido en que los representantes políticos deben "reconstruir los puentes de diálogo y fraternidad" para buscar una "solución política" en Cataluña, que debe llevar "al restablecimiento del diálogo normal entre el Gobierno de España y la Generalitat".

Sánchez ha avisado a JxSí y la CUP de que "carecen de toda facultad que les habilite para adoptar decisiones que contravengan la Constitución y las leyes". "Nadie tiene derecho a situar al Parlamento de Cataluña, que es de todos los catalanes y catalanas, fuera de la ley, y estas decisiones violan la Constitución y el propio Estatuto de Cataluña", ha remachado.

Sánchez ha insistido en que "no hay democracia sin ley y sin respeto a la ley", que obliga y vincula a "todos los poderes del Estado, incluidos los que encarnan el autogobierno de Cataluña".

La postura de Ciudadanos

Por su parte, el 'número dos' de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha indicado también que la Mesa del Parlament de Cataluña, y especialmente su presidenta, Carme Forcadell, han cometido hoy una ilegalidad al aceptar votar en el pleno las conclusiones de la ponencia de proceso constituyente pese a que el Tribunal Constitucional les apercibió de que no podían hacerlo.

Por ese motivo, considera que tanto la corte de garantías como la Fiscalía deben actuar de oficio contra Forcadell. El Constitucional, en uso de sus competencias, que en estos casos le permiten sancionar o incluso suspender a quien incumpla sus resoluciones, y la Fiscalía con una denuncia penal por un delito de desobediencia.