La libertad de expresión, atacada

¿Pero de dónde vienen esas amenazas de las que habla The Economist? La publicación recuerda que ha aumentado la represión de los gobiernos como en Rusia y China, han surgido censores no gubernamentales el narco asesina periodistas en México y la yihad, en Siria y, para colmo, se ha extendido la idea de que las personas y los grupos tienen derecho a no ser ofendidos.

El artículo advierte contra la tentación de prohibir las ideas por el simple hecho de que resultan incómodas para alguien. La libertad de expresión, defiende The Economist, cuya edición de papel se publica hoy, es «la mejor defensa contra el mal gobierno». «Los políticos que se equivocan (es decir, todos) deberían estar sujetos a crítica sin restricciones. Quienes oyen las críticas pueden reaccionar; quienes las silencian quizá no descubran nunca por qué fracasaron. Como apuntó el Nobel Amartya Sen, ninguna democracia con prensa libre ha sufrido jamás una hambruna».

La advertencia de The Economist ha coincidido justo en el tiempo con un cañonazo contra la libertad de prensa que se ha disparado en un país europeo, libre y democrático. En España no se asesina a periodistas ya no ni el lenguaje políticamente correcto ha llegado a tales extremos, pero en ocasiones sí se intenta callar a la prensa: ayer se dio a conocer la noticia de que el diputado asturiano del PP David González Medina pide cárcel e inhabilitación para dos periodistas del diario El Comercio, de Vocento, que informaron sobre su pasado como traficante y consumidor de drogas. «Ese intento de silenciar a los periodistas es desproporcionado», opina Ana Azurmendi, profesora de Derecho de la Comunicación en la Universidad de Navarra. Pero no nuevo. «Las amenazas de los políticos son una constante, porque el periodista es el perro guardián de la democracia», subraya la docente, quien recuerda que la información publicada era «veraz y relevante».

Derecho a conocer

«Los electores tienen derecho a conocer a los candidatos», subraya Azurmendi, que, sin embargo, tiene dudas sobre qué efectos tiene, de cara al derecho a la información, que los antecedentes penales del diputado autonómico fueran borrados a petición del interesado.

Antón R. Castromil, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, también cree que «el chantaje y la amenaza» de la clase política a la prensa están ahí, pero no hay de qué asustarse. «Son dos poderes antagónicos. Esa relación de amor-odio siempre ha existido. Pero en medio están los tribunales: el Estado de Derecho se basa en eso. Y normalmente los jueces son bastante garantistas», resalta el sociólogo. En estos tiempos, además, las redes sociales tienen un poder multiplicador y no permiten que los responsables de casos de corrupción o abuso de poder se vayan de rositas. Sin ir más lejos, ayer el hashtag #LibertadDeExpresión fue trending topic.

«La reacción del político ha sido ridícula e infantil, pero no hay que exagerar: ya quisieran muchos países tener una quinta parte de la libertad informativa que hay en España», asegura el profesor de Periodismo Miguel Ángel Jimeno, autor del conocido blog La buena prensa. Y lo ilustra con un ejemplo: en 1999, año de la llegada al poder de Hugo Chávez, le hicieron una entrevista en la TV venezolana para hablar de libertad de prensa, asunto sobre el que había un vivo debate en aquel momento en el país. «Al día siguiente me detuvieron: me dijeron que no entendía nada sobre libertad de prensa y un coronel me tuvo tres horas en un habitáculo explicándome el concepto», ironiza el profesor de la Universidad de Navarra. El sucesor de Chávez no le va a la zaga: Maduro ha amenazado con demandar a los medios españoles por la «campaña de guerra psicológica».