La Justicia primó el derecho a informar en otros casos de revelación de secretos

El último caso conocido es el de los redactores de ABC Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, a quienes la Fiscalía de Madrid llegó a solicitar dos años y medio de prisión por un delito de revelación de secretos. Un escrito de acusación que acabaría retirando ante la Audiencia Provincial de Madrid tras la intervención de la fiscal general, Consuelo Madrigal. Ésta aseguró tras conocer los hechos que «actuará en defensa del derecho de los periodistas a la libre emisión de información veraz en asuntos de interés público». La razón de aquel procedimiento fue informar del contendido de un pinchazo telefónico interceptado por orden judicial en el marco de una investigación que salpicaba al extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien reclama hasta tres años de prisión a los informadores.

En dicha conversación, que en ningún caso afectó al desarrollo de las pesquisas, aunque estaban declarada secreta por el juzgado, un supuesto miembro de la Camorra aseguraba haber hablado con Bárcenas y que éste le había dicho que «política y mafia son lo mismo». La intervención telefónica se produjo el 25 de marzo de 2013, pero los periodistas no publicaron su contenido hasta el 11 de julio de 2014. Para entonces, la operación policial había dado sus frutos y los afectados por el pinchazo estaban detenidos.

En Santander, el juez Luis Enrique García Delgado desestimó el pasado 18 de mayo la querella criminal presentada por el afiliado del PP Luis Calle contra la periodista de El Diario Montañés Consuelo de la Peña. Ésta publicó en abril que el denunciante financió al sindicato Manos Limpias para ejercer la acusación popular en el caso Racing contra los exconsejeros cántabros Ángel Agudo y Javier López Marcano.

Según el querellante, tal información divulgaba un dato protegido como es su filiación política, recogía una conexión entre el PP y Manos Limpias y relataba un asunto «personal e intrascendente» como es el hecho de que hubiera pagado parte de la fianza impuesta por el juez para que se personase Manos Limpias . Sin embargo, el magistrado respaldó el trabajo realizado por la periodista y desestimó la querella por revelación de secretos, un delito que exige apoderarse, utilizar o modificar en perjuicio de terceros datos reservados de carácter personal registrados en un archivo.

Una lista y un testigo

En 2010, los periodistas Daniel Anido, entonces director de la Cadena SER, y Rodolfo Irago, responsable de informativos, fueron condenados a un año y nueve meses de prisión y a las penas accesorias de inhabilitación profesional por un juzgados de lo penal de Madrid por revelación de secretos. En concreto, por difundir por internet en junio de 2003 una lista de presuntas afiliaciones irregulares al PP de Madrid con los nombres de 78 personas. La Fiscalía de Madrid recurrió la sentencia del juez Ricardo Rodríguez, pero mantuvo la pena de cinco meses de prisión sustituible por multa. Finalmente, el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la condena y absolvió a los periodistas al defender que la información no fue extraída de ningún archivo del partido regional.

Del mismo delito fue absuelto también en 2010 el exsubdirector del diario El Mundo Antonio Rubio, para quien la Fiscalía pidió tres años de prisión por publicar informaciones relativas a un testigo protegido del sumario del 11-M. La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid, Carmen Viñaras, consideró entonces que el objetivo de Rubio fue, en todo momento, informar al ciudadano.