El Congreso pide derogar la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana

Tras una negociación entre el grupo proponente, ERC, que pedía derogar el texto aprobado hace ocho meses -la bautizada como 'ley Mordaza'- y el PSOE, finalmente se ha acordado la siguiente redacción de la iniciativa: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a derogar la reforma de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en 2015". Según han explicado fuentes socialistas, el objetivo es volver a la ley de 1992 porque las fuerzas de seguridad no pueden quedarse sin un instrumento legal.

La proposición no de ley también solicita al Ejecutivo paralizar de manera "inmediata" las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, ya que estas prácticas no son acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España.

Una ley que "conculca" derechos fundamentales

Esta ley se ha visto sometida a uno de los primeros debates de la Comisión de Interior en la XI Legislatura, tal y como habían anunciado un número importante de partidos, que ya advirtieron de que la derogarían cuando la ley fue aprobada. Incluso el PSOE recurrió ante el Constitucional varios de sus artículos, lo que le ha servido ahora de argumento para justificar su petición de que en la norma solo se deroguen los preceptos que soportaron la reforma de la 'ley Corcuera'. Entre ellos, según los socialistas, los que reconocen facultades "excesivas" a las fuerzas de seguridad, los que sustituyen "el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia" para esas intervenciones o aquellos que atribuyen a los agentes poderes "de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas".

En una dura intervención, el proponente de la iniciativa Gabriel Rufián, de ERC, ha calificado la 'ley Mordaza' como "la más indignante y reaccionaria de cuantas iniciativas ha aprobado ese rodillo legislativo absolutista del Gobierno del PP". Una ley que "hace buena a uno de los más restrictivos ministros del Interior (José Luis Corcuera), con el permiso del inefable Jorge Fernández Díaz", ha enfatizado Rufián antes de señalar que la norma, que sitúa a España en el "tercermundismo", escandaliza a Amnistía Internacional, Naciones Unidas y setenta organizaciones sociales.

Desde el PSOE, José Miguel Camacho se ha opuesto a la normativa que entró en vigor en julio pasado porque "conculca" derechos fundamentales como los de expresión, manifestación y huelga, y otorga a la administración un doble papel: "el de juez y parte". "La derogación total sería algo que no tendría mucho sentido, pero sí derogar todo lo que el PP introdujo como 'ley Mordaza'" y que los socialistas llevaron al TC.

"Mala praxis"

Tampoco creía necesario Ciudadanos, como ha dicho su diputado Diego Clemente, la derogación total pero sí una "reforma profunda" de todos los artículos que suponen, a su juicio, una "limitación grave de los derechos ciudadanos", además de que en ellos se atenta contra la separación de poderes. A juicio de Clemente, lo que se aprobó el pasado verano es una muestra de la "mala praxis" y del abuso del "rodillo" de la mayoría absoluta del PP.

Podemos sí que pedía la derogación, aunque también ha respaldado la proposición final por entender que la ley supone un paso atrás en la tendencia internacional de defensa de los derechos y libertades. Como ha resaltado su diputado Eduardo Santos "ningún dato ni reclamación de nadie, incluidas las fuerzas de seguridad", pedía una nueva ley que permitiera una mayor atribución de funciones legales a los agentes. Podemos ha defendido la necesidad de anteponer siempre la libertad a la seguridad.

Belén Hoyo, del PP, se ha afanado en rebatir todas las críticas, que ha atribuido a la demagogia de los partidos para "obtener un rédito político" en una materia que es cuestión de Estado. Ha arremetido contra Podemos y se ha preguntado por lo que se podía esperar de un partido que se niega a firmar el pacto antiyihadista y pone como ejemplo de gobierno de país a Venezuela, a a al vez que se ha dirigido a Ciudadanos para mostrar su extrañeza ante una actitud que refleja su posición de "acólito" del PSOE.

"No hay peor ciego que el que quiere ver", ha dicho gráficamente la diputada del DiL Elena Ribera, para quien lo "peor" que puede hacerse es "poner mordaza" a los ciudadanos para que no se manifiesten.

Solo UPN ha respaldo al PP, en consonancia con el voto que le otorgó a la ley el pasado año.