Rus, ante el juez

De los 24 detenidos en el marco de esta operación anticorrupción por el supuesto amaño de contratos en la Comunitat Valenciana, catorce ya prestaron declaración, entre ayer y la noche del martes, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que los puso en libertad con cargos, aunque cinco de ellos con fianzas de entre los 15.000 y 500.000 euros.

Los diez restantes, entre los que se encuentra el también expresidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, y los exvicepresidentes de la corporación provincial Máximo Caturla y Juan José Medina, estaba previsto que pasaran a disposición judicial a partir de las 15.30 horas de hoy.

Los primeros siete vehículos da caravana con los detenidos han llegado a las 15.00 horas a la sede de la Ciudad de la Justicia y cinco minutos más tarde lo ha hecho un coche de la Guardia Civil, todos ellos han entrado directamente al garaje.

Ahora están a la espera de prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 Valencia, que deberá decidir su situación procesal.

Detenidos

Hasta el momento se encuentran ya en libertad 14 de los 24 detenidos por la Operación Taula que se desarrolló el martes en Valencia y Xàtiva.

Poco antes de las siete de la tarde de ayer, el desfile de detenidos en la mastodóntica 'Operación Taula' por el supuesto amaño millonario de contratos inició el pase a disposición judicial de los políticos, empresarios, funcionarios y arquitectos apresados. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia también dejó de madrugada en libertad provisional a los seis empresarios detenidos en el marco de la operación Taula

En dos tandas de siete y seis arrestados, con comparecencias que se prolongaron hasta bien entrada la madrugada, el titular del juzgado de instrucción número 18 de Valencia empezó a desgranar los detalles de la trama que durante más de una década presuntamente ha expoliado las arcas públicas.

A las 18.45 horas siete coches de la Guardia Civil, con otros tantos detenidos, abrieron el camino hacia la Ciudad de la Justicia. Algunos de los sospechosos se tapaban el rostro con su ropa junto a las ventanillas traseras. No lo hizo Vicente Burgos, exmarido de la concejal María José Alcón, en libertad con cargos desde ayer. Todo lo contrario. El exgerente de la Fundación Jaume II El Just, que pasó la noche del martes en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, sonrió socarrón al entrar en el asiento trasero del vehículo policial, con la cara visiblemente necesitada de un afeitado.

La cara opuesta fue Mari Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. La arrestada entró en el garaje de la Ciudad de la Justicia tumbada en el asiento trasero, con cara de cansancio y una botella de agua en las manos. En su comparecencia ante el juez estuvo acompañada por el abogado José Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá. Ante el juez comparecieron también el exsecretario autonómico de Deportes y exdiputado en Les Corts, David Serra; Pedro Aracil (exasesor de Alcón en la delegación de Cultura); José Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, el mayor comisionista de la trama; y dos arquitectos.

"Ha ido bien"

Cerca de las 12 de la noche, el Tribunal Superior de Justicia informó de la puesta en libertad de los siete primeros detenidos, todos con cargos por cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias. Según el TSJ, para cuatro de ellos se fijó fianza "para asegurar responsabilidad civil en caso de condena". Así fue para David Serra, García Fuster, Burgos y José Mariano López.

No fue hasta las ocho de la tarde cuando comenzaron a producirse las declaraciones. Los trámites procesales retrasaron el inicio de las comparecencias. Y, menos de una hora después, los primeros arrestados empezaron a desfilar fuera de la Ciudad de la Justicia. Vicente Burgos entró arrogante y salió arrogante. "Estoy en libertad, ¿no me veis? Pero con obligaciones", espetó a los reporteros. "Ha sido muy largo y pesado", añadió, sin comentarios a los cargos penales que pesan sobre su cabeza.

Cerca de las diez de la noche salió David Serra. En un taxi lo esperaba su esposa. Trató de eludir a los periodistas por varias puertas, pero al estar cerradas el exdiputado autonómico acabó abocado al grupo de reporteros. "Estoy en libertad sin ninguna medida cautelar. Ha ido bien", fueron sus palabras, tampoco sin comentarios a la causa abierta por cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias.

Cerca de las once de la noche salió el abogado José Corbín, el letrado de García-Fuster, sin hacer ningún tipo de declaración. Ni rastro de la exsecretaria del grupo popular del Ayuntamiento de Valencia, García Fuster, que debió lograr eludir la presencia de la prensa por alguna otra puerta del edificio judicial. No fue lo único que eludió. La exresponsable se enfrentó en el juzgado a una petición de ingreso en la cárcel por parte del fiscal. La gravedad de los delitos y la posibilidad de que destruya pruebas son dos de los motivos que contempla la ley para reclamar el ingreso en prisión provisional. Sin embargo, el juez desestimó tomar esta medida y la dejó en libertad con cargos. La libertad con cargos fue el mismo camino que siguieron los dos arquitectos, Pedro Aracil y José Mariano López, quienes también lograron eludir el corro de periodistas.

Edificio blindado

Según el Tribunal Superior de Justicia, pasadas las once de la noche comenzaron a declarar ante el juez los otros seis arrestados a los que el juez optó por tomar ayer declaración, todos ellos empresarios. Antes de que comenzaran a llegar los arrestados aparecieron por la sede judicial sus abogados, sin querer realizar declaraciones. "Está todo bajo secreto de sumario", afirmó uno de los letrados mientras caminaba apresurado. La Ciudad de la Justicia estuvo toda la noche tomada por un nutrido grupo de agentes de la Policía Nacional que custodiaban la puerta principal y la rampa de acceso al aparcamiento subterráneo.

Alrededor de una decena de miembros de la UIP Unidad de Intervención Policial y cuatro furgones integraban el dispositivo. Parece claro que la consigna era impedir que personas ajenas al mundo judicial o informativo se agolparan en los accesos por la curiosidad o indignación contra las supuestas ilegalidades de los sospechosos en cargos públicos. Así ocurrió con algunos ciudadanos que se acercaron al lugar y que fueron conminados por los agentes a identificarse y a alejarse al comprobar que no eran periodistas.

Alrededor de una veintena de medios de comunicación locales y nacionales se repartían por la rampa de acceso a los aparcamientos subterráneos y la puerta principal de la Ciudad de la Justicia, pendientes de la llegada y declaraciones de los sospechosos. Algunas cadenas nacionales realizaban directos desde la entrada de la sede judicial valenciana.

Los traslados de los sospechosos y las declaraciones, abogados, investigadores y diligencias retrasaron hasta casi las 20 horas el comienzo de declaraciones de los siete primeros sospechosos.

La intención del magistrado era ir recibiendo tandas de sospechosos en varios grupos en la medida en que las declaraciones se fueran desarrollando. De ahí que no se produjera un traslado masivo de los 23 detenidos en la operación de la Guardia Civil.

Malestar entre los detenidos

Según fuentes próximas a uno de los detenidos, "el ritmo lento" de los traslados a disposición judicial está causando malestar entre algunos de los sospechosos, por el "perjuicio" de una segunda noche en calabozos.

La intensidad de la jornada y de la investigación quedó probada alrededor de las cuatro de la tarde, cuando un vehículo sanitario de Soporte Vital Básico (SVB) tuvo que acudir al juzgado para atender a un guardia civil de la Unidad Central Operativa indispuesto. Los sanitarios acudieron a la oficina judicial al sufrir un agente un desvanecimiento.

La exhaustiva indagación que está desarrollando la Guardia Civil quedó probada en otro detalle. La sala multiusos del juzgado de instrucción 18 acabó convertida en una suerte de despacho de la UCO, con multitud de agentes y funcionarios judiciales en las tareas de descarga del material confiscado a los sospechosos.