La intransigencia de la CUP abre las primeras grietas en el seno de Convergència

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, valor al alza dentro del soberanismo, desautorizó ayer al consejero de Empresa y Ocupación, Felipe Puig, que el lunes arrojó pesimismo sobre un eventual acuerdo con la CUP, se mostró partidario de fijar líneas rojas en la negociación, dio casi por hecho que el Ejecutivo catalán ejercerá en funciones hasta el año que viene y no descartó conversaciones con otras formaciones ni nuevas elecciones. Munté y también quien a día de hoy sigue siendo número uno de la lista de Junts pel Sí, Raül Romeva, salieron en tromba para apagar el incendio, que puede perjudicar unas negociaciones muy delicadas. "La única línea roja es no trabajar para alcanzar un acuerdo que nos permita cumplir el mandato democrático del 27-S", afirmó Munté. "Necesitamos tiempo y discreción, existen espacios de diálogo con la CUP", añadió. "Vamos avanzando, con la CUP hay mucho espacio compartido", apuntó Romeva.

Manifestaciones muy distintas a las de Puig, que puso voz a los sectores del partido próximos al mundo económico, los que no quieren depender de la CUP, pues recelan de su programa radical, que habla de autogestión, de intervención total del Estado en la economía, de salir de la UE, del euro y de la OTAN, de paralizar privatizaciones y de desobedecer ya las leyes españolas y las resoluciones del Constitucional. "El modelo económico de Junts pel Sí es muy diferente del de la CUP, en algunos aspectos es casi incompatible, no estamos en disposición de aceptar según qué planteamientos", señaló Puig, que aprovechó para lanzar un aviso a los negociadores de Junts pel Sí, en la línea de que no se puede transigir todo lo que proponga la CUP, por importantes que sean sus diez diputados para la investidura. Romeva, que lidera esas conversaciones, le replicó que es necesario no poner énfasis en las diferencias y que en ningún caso trabaja con la hipótesis de unas nuevas elecciones. A pesar de las críticas, tanto Munté como Romeva reconocieron "dificultades".

Miedos

A los obstáculos objetivos de entendimiento hay que añadir otro factor, el de las elecciones generales, que puede acaba de enredar por completo el panorama. Los dos partidos quisieran cerrar el pacto antes de los comicios para el Congreso, aunque son conscientes de que será muy complicado. En las filas de la CUP existe el temor, confesado públicamente, de que un cambio de Gobierno en la Moncloa abra un nuevo escenario en la política española y que sectores moderados de CDC, ahora entregados a la causa independentista, puedan pisar el freno. Munté, de hecho, valoró hoy que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, haya mostrado su disposición a sentarse a hablar con Mas en caso de ser elegido presidente del Gobierno. CDC y Esquerra, tanto si van juntos como si no, pueden obtener más de 20 diputados el 20 de diciembre y podrían jugar un papel clave en el contexto de un Congreso muy atomizado. De ahí que Puig apuntara que tras las elecciones generales es posible que se abra el abanico de opciones de negociación en Cataluña, al margen de la CUP, extremo que los negociadores de Junts pel Sí no aceptan.

Entre tanta incerteza, el futuro Parlamento catalán empieza a tomar forma. La Generalitat no quiso desvelar cuándo será la sesión de constitución de la nueva cámara autonómica, aunque todo apunta a que será el lunes que viene, el último día posible. Mas, que firmará mañana el decreto de manera solemne, apura los plazos para estirar al máximo el calendario, que sitúa la primera sesión de investidura el 9 de noviembre y la última posible, dos meses después, el 9 de enero. De momento, CDC y Esquerra han llegado a un acuerdo para que la expresidenta de la ANC, Carme Forcadell, sea quien presida la cámara catalana en la undécima legislatura, que según la hoja de ruta de ambas formaciones durará 18 meses. Forcadell aceptó hoy el reto y afirmó que tratará de liderar un Parlamento que sea el de "todos". Su designación, no obstante, recibió fuertes críticas por parte de las formaciones no soberanistas, que destacaron la radicalidad independentista de la expresidenta de la ANC, su falta de experiencia en política y su incapacidad para representar a la mitad de los catalanes que no quieren la secesión.