Dimite el consejero murciano Juan Carlos Ruiz por su imputación en 'Púnica'

Antes de hacer pública su renuncia, Ruiz se reunió con el presidente de la Comunidad en el Palacio de San Esteban para comunicarle su intención de abandonar su responsabilidad en el Gobierno regional, decisión que fue aceptada por Garre, quien en ocasiones anteriores apeló a la "generosidad" de otros altos cargos de su partido, el PP, supuestamente afectados por casos de corrupción, para que cesaran en sus puestos.

"Tengo la conciencia tranquila", afirmó tajantemente Ruiz en la rueda de prensa, y señaló que "soy absolutamente inocente". Añadió que "no sé qué cargos se me imputan" y adelantó que renuncia a sus derechos como aforado porque "quiero máxima rapidez" en este proceso. También dijo que "no tengo nada que esconder, pueden mirar mis cuentas".

Sobre la sospecha de que fuera a encargarle a la empresa de Alejandro de Pedro, principal cabecilla de la trama, que mejorara su imagen pública en internet, el hasta ahora responsable de Industria y Turismo, afirmó que "de esta consejería no ha salido ni un euro para una trama ni para nadie que no sea con todos los informes técnicos favorables". Insistió en su buena fe en el ejercicio de su cargo político: "Soy honrado y quien me conoce sabe que lo soy". Y se preguntó que quién reparará el, a su juicio, daño causado al verse imputado en la operación que investiga la Audiencia Nacional.

Juan Carlos Ruiz ha sido imputado por el juez Velasco en el 'caso Púnica', que investiga una presunta trama de amaño de contratos públicos, por supuesta malversación de caudales públicos. La imputación de Ruiz se suma a las de otros murcianos supuestamente implicados en la trama, como son las exdirectoras del Instituto de Fomento, Reyes Samper, y del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, así como del ex secretario general de la Consejería, José Fidel Saura, además del exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, considerado uno de los cabecillas de la trama. También fue arrestado el exsecretario técnico del Instituto de Turismo de la Región, Jesús Norberto Galindo. La primera fase de la 'Púnica', que se saldó con la detención de todos ellos, se llevó a cabo en octubre de 2014.

Conversaciones

Mejorar la 'reputación online' del consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz. Tal era supuestamente la tarea que uno de los cerebros de la 'trama Púnica', el empresario Alejandro de Pedro, se ofreció a impulsar en algunas de las conversaciones que mantuvo a finales del año pasado con el entonces jefe de gabinete de esa consejería, José Fidel Saura, y que fueron interceptadas por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El asunto no tendría mayor trascendencia, al menos no en su vertiente penal, de no ser por la existencia de indicios que apuntan a que esa promoción de la imagen personal de Juan Carlos Ruiz se iba a sufragar, presuntamente, con dinero público. Se iba a hacer, en apariencia, destinando a tal propósito una parte del importe de los contratos que la compañía Madiva -propiedad de De Pedro- pretendía suscribir con varios organismos dependientes del propio consejero, como el Instituto de Turismo o el Instituto de Fomento (Info). Esta línea de investigación es la que habría llevado al juez Velasco a imputar a Ruiz.

El pasado febrero, cuando declararon en la Audiencia Nacional los altos cargos de Turismo y del Info detenidos en octubre del año pasado, Juan Carlos Ruiz declaró a 'La Verdad' que no tenía conocimiento alguno sobre una presunta oferta para promocionar su imagen en internet, y que, desde luego, no existían contratos en la Consejería que pudieran tener relación con ese asunto. Ruiz se mostró sorprendido por el contenido de las preguntas que en aquel momento le hizo esta Redacción, no solo por su desconocimiento de esa posible oferta, sino por el hecho de que no acertaba a entender qué interés podría existir en la Consejería por pagar para que mejorase su imagen en las redes sociales.

David Marjaliza

El juez Velasco investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal" desarticulada con la operación 'Púnica'.

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores -los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca-, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por blanqueo de capitales.

El pasado 1 de junio salió a la luz, tras publicarlo 'La Verdad', que el cabecilla de 'Púnica', Alejandro de Pedro, se ofreció también a Pedro Antonio Sánchez, candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, para limpiar su reputación antes de las elecciones de mayo, según se desprendió de uno de los interrogatorios incluidos en el sumario de la 'Púnica'. Sánchez aseguró que rechazó dicha oferta porque no la necesitaba ni se fiaba.