Detenidos 16 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por los cursos de formación

Los agentes realizaron 16 arrestos en todas las provincias andaluzas, acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones. Entre ellos destacan los delegados provinciales de la Consejería de Empleo en Sevilla y Huelva, destituidos ayer mismo, así como siete directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -uno de ellos, Antonio Rivas, ya implicado en los ERE-, y otros cuatro exdirectores generales del departamento de Empleo. Entre estos últimos se encuentra la cuñada del exconsejero regional Angel Ojeda, reciclado en empresario de formación y uno de los más beneficiados por el supuesto fraude.

La operación se ha desarrollado en varias provincias desde primera hora de la mañana, donde se están realizando tanto registros como detenciones. Tras varias actuaciones en los beneficiarios de las subvenciones, en esta ocasión las pesquisas irían encaminadas a los departamentos y servicios de la administración desde los que se concedían y tramitaban las ayudas para los cursos de formación.

El fraude está siendo investigado de forma paralela por varios juzgados y tanto la Policía Nacional -responsable de las últimas detenciones y operaciones conocidas como 'Edu'- como la Guardia Civil. La juez Alaya, todavía al frente del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, es quien ha ordenado estas diligencias dentro de la causa que mantiene bajo secreto de sumario desde el pasado 20 de enero.

La juez tiene abiertas hasta cuatro lineas de investigación diferentes o 'bolsas de fraude' en esta macrocausa. Por un lado, analiza las subvenciones de 85,7 millones de euros que recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro que se convirtió, dice Alaya, en un "instrumento esencial de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración". La juez aprecia irregularidades en la tramitacion de las ayudas extraordinarias que esta entidad entregó por ejemplo a la formación de los ex trabajadores de Delphi, unos 35,9 millones, y otras dos subvenciones cercanas a los 50 millones de euros "sin justificación".

También investiga a los consorcios de las administraciones que recibieron ayudas para actividades formativas por parte de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo mediante "concurrencia no competitiva", es decir, de forma arbitraria. A muchos de ellos se les ha abierto expediente de reintegro desde la propia Junta de Andalucía para que justifiquen el destino de esos fondos.

Según los cálculos realizados por la juez y plasmados en alguno de sus autos, la Junta de Andalucía habría destinado hasta 950 millones de euros a cursos de formación sin que las beneficiarias justificaran el gasto, por lo que decidió imputar en la causa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también implicado en el caso de los ERE fraudulentos.