La alcaldesa de Alicante declarará como imputada en el 'caso Rabasa' el 16 de enero

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el auto del titular del juzgado de Instrucción número 6, Juan Carlos Cerón, establece que la alcaldesa vaya acompañada de su representación legal a las 10 horas.

Además, el constructor Enrique Ortiz, el supuestamente beneficiado por las presuntas irregularidades, también ha sido citado como imputado el 30 de enero.

De esta manera, Castedo será el primero de los imputados en acudir ante el juez en esta ronda de declaraciones ya que los otros inculpados citados lo harán el día 29 tanto, en el caso del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la funcionaria de ese área Isabel Campos, un día antes que Ortiz.

El auto del juez, ante el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, también cita, esta vez como testigos, a dos personas el 9 de enero.

Es la segunda ocasión en que la alcaldesa del PP, a quien se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, es citada por el caso Rabasa ya que inicialmente tenía que haberlo hecho el pasado 27 de noviembre.

Sin embargo, en aquella ocasión el juez lo pospuso por un incidente de nulidad presentado por la representación legal de Ortiz.

En esta rama también estaban imputados el predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi (PP), y la exsecretaria autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, aunque el juez decretó el pasado octubre el archivo para ellos dos.

El plan urbanístico Rabasa preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados en una zona de expansión de la ciudad en cuyo entorno está previsto situar una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.

La investigación se activó a raíz de una denuncia presentada hace dos años por Esquerra Unida, y a los imputados se les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Asimismo, Castedo está imputada en otra pieza separada del caso Brugal: la relativa al supuesto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lleva el juzgado de Instrucción número 5 y donde, al igual que en la anterior, la investigación apunta que pudo beneficiar al empresario Ortiz.