La Fiscalía catalana se querellará contra Mas y tres consellers por el 9-N

La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforados de los denunciados, se dirige contra Artur Mas, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

El escrito que ultima la Fiscalía se podría dirigir también contra el titular de la conselleria vinculada con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles catalanas, pero en principio no contra los responsables de los locales públicos donde se instalaron las urnas del proceso participativo, según las mismas fuentes.

Torres Dulce niega «inacción»

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha considerado hoy que "no se puede acusar de inacción" al Ministerio Fiscal en la consulta del 9-N "desde el sábado se están investigando y valorando los hechos, sin ninguna precipitación pero siempre en el cumplimiento de la legalidad". Torres, que se ha desplazado hoy a Logroño para visitar las obras del Palacio del Justicia, ha relatado, a preguntas de la prensa, cómo "desde el sábado la Fiscalía de Cataluña está recibiendo denuncias" y ya "el mismo día del proceso de participación se dijo que había indicios de hechos delictivos".

No ha aclarado, sin embargo, qué delitos podrían haberse cometido porque es algo, ha explicado, en lo que está "trabajando la Fiscalía de Cataluña y cuando valore si los hechos son delictivos valorará, también, qué naturaleza de delitos y cuáles son las personas responsables". Así, ha recordado que desde el Ministerio Fiscal se consideró que no era "proporcionado ejecutar medidas cautelares" con el proceso en marcha y que se han "recurrido" los archivos de denuncias en los juzgados en los que esto se ha producido.

"Vamos a actuar cuando creamos que tenemos que actuar, ni antes ni después" ha asegurado al tiempo que ha advertido de que "los tiempos de la Justicia no son como los tiempos políticos". Así, ha insistido en que "la ley debe ser respetada, e interpretada" y ha pedido que se deje "trabajar al Ministerio Público". "Cuando, con todos los datos, tengamos una decisión, la ejercitaremos si hay que ejercitarla", ha avanzado.

Preguntado acerca de si, desde el Ejecutivo central, se ha pedido celeridad, ha indicado que es "ofensivo que alguien pueda pensar que al fiscal general del Estado, o al Ministerio Fiscal, un gobierno le da instrucciones". Y ha añadido: "es ilegal, ilícito y yo no lo consentiría, por lo que no he recibido ninguna indicación del Gobierno, ni la voy a recibir, con respecto a las formas o a los momentos".

Sánchez-Camacho

Por su parte, la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, ha expresado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía catalana y ha afirmado que el Gobierno central garantiza que la justicia actúe contra quien incumple la ley.

Sánchez-Camacho ha subrayado que con esa medida se demuestra "la firmeza del Estado de derecho" y que las instituciones, la Fiscalía y el Estado de derecho funcionan. "El Gobierno de España es el que ha garantizado que no se hagan referendos ilegales, que se cumpla la ley y que la justicia actúe, la Fiscalía actúe frente a aquellos que, como Mas, han incumplido la ley", ha añadido. Asimismo, ha declarado que Artur Mas se equivoca al no gobernar para 7 millones de catalanes, sino al servicio de los 2,2 millones que fueron a votar en "la farsa" del 9-N.