Imputado el exalcalde Toledo por su implicación en la caja B del PP

Molina declarará el 24 de noviembre y como testigos ese mismo día lo harán Francisco Javier Sánchez Rubio, el actual alcalde de Toledo y senador Emiliano García Page y el diputado Sebastián Gonzalez Vazquez. A estos dos últimos por su condición de diputado y senador les requiere para que en el plazo de tres días manifiesten si desean declarar en la Audiencia Nacional, en su despacho o en la sede del órgano del que son miembros. El juez acuerda estas citaciones una vez que se han practicado nuevas diligencias y se ha incorporado el informe de la Policía Judicial que ha analizado el expediente de adjudicación del servicio de limpiezas Sufi en el año 2007 en la ciudad de Toledo.

Después de oír a los responsables de la empresa que resultó adjudicataria de la concesión de las basuras, a excargos políticos públicos del ayuntamiento de Toledo en aquel momento responsables del PP, además de las declaraciones vertidas en sede judicial por el extesorero Luis Bárcenas, la policía ha reconstruido toda la operación de adjudicación del Ayuntamiento de Toledo.

Primero analizó las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuadas por Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla la Mancha , Jose Ángel Cañas, documentadas en el recibo escrito a mano por él mismo y que se aportó al juzgado. Este dinero procedería supuestamente de la empresa Sufi.

La policía ha analizado toda la ejecución del contrato, así como las modificaciones y las actuaciones posteriores desarrolladas por el nuevo ejecutivo municipal del PSOE , siendo entonces alcalde García Page.

Según el juez, la participación de todas las personas implicadas en estos hechos serían eventualmente constitutivos de diversos delitos contra la administración pública (prevaricación, cohecho y tráfico de influencias) que le obliga a "practicar cuantas diligencias se estimen precisas para completar la investigación de los hechos puestos de manifiesto por Barcenas en sede judicial".

El objetivo final es conocer "el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas con carácter previo a una eventual remisión de parte de la instrucción, mediante formulación de la correspondiente exposición razonada, a favor del órgano que se estimare en su caso competente, en principio la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla-La Mancha".