Catalá advierte de que impugnará el fichero del 9-N si está fuera del marco constitucional

Rafael Catalá se ha referido de esta forma, en declaraciones a TVE, al edicto publicado el jueves pasado en el Diario Oficial de la Generalitat, por el que se crea el fichero para que los catalanes se inscriban de forma presencial el mismo 9 de noviembre para poder votar en la consulta alternativa después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido la inicialmente convocada. Se trata de un sistema de control que solo incluiría los datos de los ciudadanos que participen. El ministro ha dicho que se está estudiando si se trata de un censo alternativo asociado a la consulta suspendida por el TC y que, si es así, el Gobierno español lo impugnará.

Catalá, que ha considerado un "buen ejemplo de racionalidad y responsabilidad política" la decisión del presidente de la Generalitat, Artur Mas, de no mantener la convocatoria inicial de consulta tras la decisión del TC, ha advertido de que se impugnará cualquier proceso que suponga una ruptura con el principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley.

Respecto a si ve factible unas elecciones anticipadas en Cataluña, se ha limitado a comentar que es una cuestión que depende de la estrategia de los partidos.

El ministro estima que el TC rechazará los recursos del Gobierno y del Parlamento de Cataluña contra su decisión de suspender la consulta del 9-N mientras resuelve la cuestión de fondo del presentado por el Ejecutivo de España contra la misma y ha estimado que la resolución definitiva no estará en semanas, dada la complejidad de la cuestión.

Macroprocesos

Por otra parte, el ministro ha abogado por revisar la legislación para que los macroprocesos, como muchos de corrupción de gran relevancia pública, no se alarguen tanto en el tiempo posibilitando que se puedan celebrar juicios cada vez que termine la instrucción de alguna de sus piezas, y ha añadido que hay que trabajar para reducir el número de aforados.

Además, tratará de llegar a un consenso para ajustar la regulación de la prisión permanente revisable prevista en la reforma del Código Penal, que sí estima acorde al ordenamiento jurídico español.