Oriol Pujol niega los sobornos y apunta que la trama pudo utilizar su nombre

Pujol ha declarado hoy durante cerca de una hora como imputado por un delito de cohecho ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye el 'caso ITV', quien investiga si el diputado cobró comisiones de la presunta trama corrupta para votar a favor de sus intereses en la ley de seguridad industrial que se tramitaba en el Parlament.

El diputado convergente, que hace más de un año delegó sus cargos como secretario general de CDC a raíz de su imputación por tráfico de influencias en el caso de las ITV, ha llegado al Palau de Justicia flanqueado por Turull y por el letrado de su partido Francesc Sánchez, responsable de Régimen Interno y Comunicación de la formación.

La nueva imputación contra Oriol Pujol, que hace cerca de un año declaró durante diez horas por tráfico de influencias en el TSJC, deriva de otra línea de investigación que abrió el fiscal a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que revelaba supuestos pagos del empresario de las ITV Ricard Puignou al diputado convergente a través de una sociedad de su esposa.

El fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado sospecha que, con ese pago de 46.000 euros, el empresario -imputado por tráfico de influencias y ahora también por cohecho- remuneró a Oriol Pujol por haber logrado que el grupo de CiU votara a favor de sus intereses en la Ley de Seguridad Industrial aprobada en 2008.

Para influir en la votación, según el ministerio público, Puignou se valió del empresario Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol y también imputado, que por su mediación fue presuntamente compensado con tres pagos de 80.000 euros.

De acuerdo con la tesis del fiscal, Puignou pretendía que el Parlament fijara un límite del 40% de la cuota máxima de mercado para cualquier operador de ITV, lo que obligaría a la empresa Applus -que controlaba el 83% del mercado- a desprenderse de un gran número de estaciones a las que él podría optar a través de su sociedad Inteca.

El grupo de CiU en el Parlament, que entonces estaba en la oposición, presentó finalmente una enmienda a la Ley de Seguridad Industrial para que ningún operador pudiera ser titular de más del 35 % del total de las líneas de ITV.