La Audiencia Nacional acuerda pedir la extradición de Carlos Fernández

La Audiencia Nacional acuerda pedir la extradición de Carlos Fernández

La Sala que juzgó 'Saqueo 2' accede a la petición del Fiscal y requiere al Ministerio de Justicia para que active el proceso

Héctor Barbotta
HÉCTOR BARBOTTAMarbella

El Gobierno de España pedirá al argentino que el exconcejal de Marbella Carlos Fernández sea devuelto a este país para ser juzgado por el 'caso Saqueo 2'. La Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha acordado solicitar la extradición del exedil, detenido en Argentina el pasado 15 de septiembre.

Lo ha hecho en un auto firmado por el presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, y los magistrados Ángeles Barreiro y Antonio Díaz Delgado el pasado 20 de septiembre y al que ha tenido acceso SUR. Se trata del tribunal que juzgó el conocido como 'caso Saqueo 2', que considera que los delitos que se imputan al exedil no han prescrito.

La Sala toma esta decisión a instancias de la Fiscalía, que el mismo 20 de septiembre, cinco días después de la detención de Fernández, solicitó que se lo extraditara.

La petición fiscal para Fernández en este procedimiento es de nueve años de prisión

En este proceso, Carlos Fernández está acusado por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Se le demandan, además, 7,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil en favor del Ayuntamiento de Marbella. La petición fiscal es de nueve años de prisión.

El auto de la Audiencia Nacional destaca que los delitos cuya comisión se atribuye a Carlos Fernández se encuentran comprendidos en el Tratado de Extradición firmado por ambos países en 1987 y que no se ha producido la prescripción de los mismos ni ninguna otra causa de extinción de la responsabilidad.

Señala también que para que pueda pedirse o proponerse la extradición es requisito necesario que se haya dictado un auto motivado de acusación o recaído una sentencia firme contra el acusado y que es igualmente procedente la petición de extradición ya que Fernández, debiendo ser enjuiciado por los hechos delictivos investigados en el citado procedimiento «se ha refugiado en un país extranjero y no se encontraba a disposición de esta Sala en el momento de decretarse su prisión».

Ahora será el Ministerio de Justicia el que deberá tramitar la petición ante las autoridades judiciales argentinas, a las que se remitirá testimonio del auto de la Audiencia Nacional, del informe fiscal y del resto de las resoluciones adoptadas durante el proceso de 'Saqueo 2' referentes a Carlos Fernández, incluido el auto de rebeldía dictado el 24 de enero de 2013.

Este procedimiento es independiente de la iniciativa adoptada por la Fiscalía de Málaga para recabar todas las causas pendientes que tiene Carlos Fernández en los juzgados de Marbella, una decena repartidos entre los juzgados de instrucción 1, 2, 4 y 5 y el Juzgado de Primera Instancia 2 de esa ciudad, todos relacionados con su etapa de concejal.

Vista oral

La extradición será decidida tras una vista oral que se celebrará en el Juzgado Federal número 2 de San Juan en la que los intereses de las autoridades españolas serán defendidos por el fiscal federal argentino Francisco Maldonado.

Antonio Fernández, hermano y abogado del exconcejal, ha asegurado que en la estrategia diseñada para conseguir que el hasta ahora prófugo acabara con esa condición, que arrastra desde hace once años, estaba previsto que algún juzgado pidiera su extradición, como ha sucedido ahora con la Audiencia Nacional. «Estaba contemplado y el partido se está jugando», ha asegurado a este periódico.

El letrado se reafirmó en su postura de que todas las causas por las que se reclama a Fernández, incluida 'Saqueo 2' están prescritas, y aseguró que al haber fijado la Audiencia Nacional su postura en este asunto la defensa podrá ahora personarse en la causa, algo que hasta el momento no había podido hacer. «No nos preocupa -dijo-, sabíamos que podía pasar».

La última palabra sobre la extradición la tendrán las autoridades judiciales de Argentina, que deberá decidir tras recibir la información por parte del Gobierno español.

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