Marbella busca una solución jurídica para intentar salir del laberinto urbanístico

El Ayuntamiento de Marbella ha optado por una solución inhabitual en la administración ante un problema también extraordinario: recurrir a un asesoramiento externo frente una situación compleja que atenaza uno de sus principales factores de desarrollo.

Los profesores, que acudieron a la licitación bajo el paraguas de la Universidad de Málaga (UMA), pertenecen en realidad a cuatro universidades diferentes: Diego Vera Jurado es catedrático de la UMA; Luciano Parejo, de la Universidad Carlos III de Madrid; José María Baño León, de la Universidad Complutense de Madrid, y Manuel Rebollo Puig, de la Universidad de Córdoba. Están considerados entre los mayores expertos urbanistas en España. La mesa de contratación municipal, que tomó su decisión el pasado miércoles, valoró con la máxima puntuación tanto los currículos de los cuatro miembros del equipo como la metodología de trabajo propuesta en su pliego.

Los cuatro catedráticos cuentan además con un equipo colaborador integrado por otros ocho juristas. El equipo se presentó al concurso con autorización de la UMA, que aportará a la elaboración del trabajo sus fondos documentales, materiales y electrónicos. La Universidad de Málaga percibirá el 15 por ciento del coste del trabajo, que ha sido adjudicado a este equipo por 170.610 euros.

Marbella se enfrenta a una compleja situación urbanística desde que en 2006, tras la disolución de la última corporación encabezada por el GIL, los responsables municipales se encontraran con 30.000 inmuebles construidos al margen de la legalidad. El PGOU aprobado en 2010 intentó dar respuesta a esta situación mediante un sistema de compensaciones que fue rechazado por el Tribunal Supremo en tres sentencias dictadas en noviembre de 2015 que anularon el documento.

La ciudad tuvo que volver al PGOU de 1986 y desde entonces se encuentra en una situación de bloqueo que ahora el Ayuntamiento aspira a resolver mediante la intervención de este equipo de expertos, que deberá elaborar dos trabajos: por un lado, la redacción de un dictamen jurídico-urbanístico sobre la situación generada tras la declaración de nulidad del PGOU de 2010 y por el otro, la elaboración de los pliegos técnicos y criterios de valoración para la contratación de la redacción del nuevo PGOU. Para el primer informe, el equipo cuenta con un plazo de un año, y para el segundo, de seis meses. Con ello, el gobierno municipal pretende acelerar los plazos para la contratación de la redacción del nuevo Plan.

El Ayuntamiento pretende aplicar las líneas estratégicas que surjan del informe no sólo a la redacción del nuevo PGOU, sino también en relación al Plan de 1986, vigente hasta la aprobación del nuevo.

En la memoria con la que consiguió ganar el concurso convocado por el Ayuntamiento de Marbella, el equipo de la UMA sostiene que el problema urbanístico de la ciudad es en realidad jurídico y propone realizar el diagnóstico con las sentencias del Supremo que anularon el PGOU y a partir de ahí determinar las posibles situaciones de ineficabilidad o fuera de ordenación sobrevenidas, la posibilidad de edificación según el PGOU, los planes de desarrollo asumidos y procedentes del Plan anterior y el suelo que deba considerarse no urbanizable.

Entre los elementos a analizar, el trabajo propuesto indica las pautas para la adaptación a la LOUA del PGOU de 1986, la activación de procedimientos de restauración de la legalidad cuando sea posible y la regularización de edificaciones ilegales.