Antonia Muñoz vuelve a acogerse a su derecho a no declarar en el 'Caso Manilva'

Según afirmó la exalcaldesa a su salida del juzgado, había algunas confusiones en lo que le requería, por lo que matizó que había acordado con la jueza que volvería a declarar cuando se arreglara esa situación. Las citaciones de ayer se centraron en una comisión de gobierno celebrada en marzo de 2009 en la que se aprobó conceder un préstamo a la entidad de conservación El Hacho para que pudiera pagar las nóminas de varios trabajadores.

Junto a Muñoz estaban citados como investigados en el día de ayer los concejales que formaban gobierno junto a ella, como son Mario Jiménez y Paqui López -antes en IU y ahora en Compromiso-, Diego Díaz -antes en IU- y los miembros de la ASM Emilio López Berenguer y Antonio de Haro. También fueron llamados el asesor jurídico del Ayuntamiento, Aitor Menoyo, y la hija de la exregidora, ésta última en calidad de testigo por haber sido contratada en esta entidad de conservación.

López Berenguer afirmó que su grupo no votó a favor de ese préstamo ya que en esos momento se estaba rompiendo el pacto de gobierno que tenía con IU. «No votamos a favor por la situación del pacto, pero nosotros no recordamos que ni el secretario ni la interventora pusieran pegas a ese punto. Por lo menos en el acta de la comisión no está reflejado», apuntó el portavoz de la ASM, quien matizó que ese préstamo fue de 40.000 euros.

A ese respecto, el ahora edil de Compromiso y exconcejal de IU en la época de Muñoz, Mario Jiménez, afirmó que en las dos comisiones por las que se le interrogó en su caso, sí existía un reparo de la Intervención, pero que se aportaron razones jurídicas para poder votar a favor de esa operación financiera.

«Fue un préstamo que tenía todas las garantías de cobro por parte del Patronato de Recaudación. Al final, la entidad de conservación trabaja para hacer obras municipales y sus trabajadores llevaban seis meses sin cobrar. Los trabajos de mantenimiento en la calle se acumulaban», afirmó Jiménez.

Complejidad

Esta pieza junto a la primera de ellas recibió la pasada semana el visto bueno del juzgado para su declaración de complejidad y de esta forma poder alargar la instrucción durante 18 meses más. La segunda, en la que se investiga también al actual alcalde, Diego Jiménez, se encuentra en un estado más avanzado y se buscan presuntos tratos de favor a la hora de adjudicar contratos a familiares de la propia alcaldesa, como su marido, o la contratación en entidades municipales, como podría ser el caso de su hija.

Mientras que en esta pieza se investiga el supuesto trasvase de fondos del Ayuntamiento a varias entidades municipales, así como la gestión y los procedimientos seguidos para ello y el empleo de ese dinero, en la parte primera y principal de la causa se estudian supuestas irregularidades en la contratación laboral desde 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU.

En total, la causa investiga más de 470 presuntos casos de enchufismo en el Ayuntamiento de Manilva y acumula más de 12.000 folios de instrucción. La causa comenzó a raíz de una denuncia del comité de empresa del Consistorio por la supuesta contratación irregular de familiares de miembros del equipo de gobierno municipal.