La carga de asuntos pendientes se vuelve un problema crónico en los juzgados

Una de las situaciones más graves se está produciendo en los asuntos civiles que llegan a la Audiencia Provincial, según los datos que se dieron a conocer ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en sus memorias de 2015. Así, el año pasado los magistrados de las tres salas resolvieron 3.627 casos los mismos que se registraron, quedando aún pendientes las más de 5.600 causas que venían arrastrando de cursos pasados.

Los datos también ponen de manifiesto la situación de colapso a la que tienen que hacer frente los jueces de los dos juzgados de lo Mercantil con los que cuenta la capital, los únicos para atender todas las causas que genera la provincia. La cantidad de asuntos que entraron 3.507 en 2015 superaron ampliamente a los resueltos 1.873, por lo que el nivel de trabajo para estos magistrados no deja de incrementarse año tras año.

Son solo algunos de los ejemplos que muestran los datos del TSJA, que evidencian la sobrecarga de trabajo a la que los magistrados deben hacer frente cada año. Sus máximos representantes en Málaga, el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá, y el juez decano de la capital, José María Páez, destacaron el esfuerzo que realizan sus compañeros en los juzgados malagueños para sacar adelante las causas que se registran.

Para atajar esta situación, además de una disminución del número de asuntos que entran, tanto Alcalá como Páez insistieron en la necesidad de que lleguen refuerzos a los juzgados. Éstos deben ser tanto de jueces como de funcionarios, tal y como recoge en sus memorias el Alto Tribunal, por lo que los dos magistrados pidieron un esfuerzo a las administraciones para cumplir con esta vieja demanda.

Infraestructuras judiciales

Además de hacer un análisis de la situación de los diferentes asuntos en los juzgados, el TSJA también denuncia en el documento los inconvenientes que derivan de la dispersión de las sedes judiciales de la provincia, así como «las deficiencias graves» que existen en los partidos judiciales de la Costa. Por ejemplo, se pone sobre la mesa el caso de la sede de Torrox, que «destaca por sus problemas de accesibilidad y el deficiente estado de sus instalaciones, aparte de periódicas y repetitivas incidencias de luz, telefonía e informática».

Sobre la parte occidental de la costa de la provincia, desde el Alto Tribunal se hace especial incidencia en las sedes de Estepona. Al respecto, se hace referencia a la que está ubicada en calle Delfín, que se encuentra en la primera planta de un edificio de viviendas, «algo inapropiado para una sede judicial y que conlleva innumerables deficiencias de seguridad».

Explica que en esta sede se tratan los asuntos de violencia de género y que no hay una sala para las víctimas, por lo que el contacto entre las mujeres y los supuestos agresores es continuo.