Educación obliga a los profesores a hablar de 'alumnos y alumnas' o 'niños y niñas'

Esto sin tener en cuenta los informes de la Real Academia que analizaron, entre otras, las guías de la Junta de Andalucía, y que determinaron que «conculcan aspectos gramaticales o léxicos firmemente asentados». De seguirse al pie de la letra las directrices de algunas de estas guías «no se podría hablar», según la RAE.

Este II Plan de Igualdad obvia las recomendaciones de la Academia. De esta manera, un profesor tendrá que dirigirse a sus alumnos y alumnas, que son chicos y chicas. Al hablar sobre política, tendrá que referirse a la clase política, porque políticos está considerada una palabra sexista, como ocurre con los andaluces, que es sustituida por población andaluza o como le sucede a los españoles, que pasarían a ser población española. Los alumnos y alumnas no podrán dirigirse a sus profesores, sino a su profesorado y la dirección pasa a ser equipo directivo, así como los tutores son ahora tutoría. Si el estudiante pidió beca no será becario, sino persona becada y no fue el solicitante de la ayuda, sino quienes soliciten. Si sus padres están parados, ahora serán personas sin trabajo.

La dificultad de la norma, según lingüistas consultados, radica en el concepto de lenguaje sexista y qué se entiende por sexismo. Según los manuales que maneja la Junta y a los que remite Educación (el elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer, Lenguaje administrativo no sexista), el sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. El sexismo «no está en la lengua en sí misma sino en los usos que hacemos de ella, los cuales, al ser reflejo de la cultura androcéntrica en la que vivimos, muestran que el sexo comúnmente más discriminado es el femenino». Este mismo manual recomienda evitar el uso generalizado del masculino genérico, es decir, el uso de niños, profesores o alumnos cuando se intente aludir a personas de los dos sexos.

El académico Ignacio Bosque considera que «no tiene sentido forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad» ni «impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real».

Una norma obligatoria

La normativa es clara sobre su obligación de cumplimiento. «Es preceptivo el uso no sexista del lenguaje y no podemos actuar con permisividad a su incumplimiento», señalaron fuentes de la Consejería de Educación. Pero reconocen, al mismo tiempo, que su implementación «es un proceso cultural y por tanto necesita, para su logro, tiempo, constancia y cambio de hábitos». Un cambio que, indican, se ve dificultado «por resistencias a superar valores dominantes». Ante el incumplimiento de la normativa, la Consejería de Educación plantea en primer término información y difusión de la misma. Pero también la «denuncia» de los incumplimientos.

Los sindicatos de educación han acogido con matices esta normativa, y recuerdan a Educación que se necesitan inversiones y la igualdad es algo más que el lenguaje. Sonia Gaya, de UGT, indica que los profesores «procuramos cuidar el lenguaje en ese sentido, sin llegar a que el lenguaje no sexista dificulte la comunicación». José Blanco, de Comisiones Obreras, recuerda que desde 1991 hay recomendaciones de la ONU para el uso de este lenguaje y que una ley orgánica de Igualdad de 1997 ya determinaba el uso oficial. « Ahora se trata de tomar en serio el cumplimiento de estas disposiciones, a la vez que se reconoce el papel de las mujeres en la educación y en la sociedad». Andrés Alcaraz, de CSIF, explica que su sindicato cuenta con un departamento de igualdad, que hay una sensibilización social pero que también hay libertad de cátedra reconocida por la Constitución y que, en todo caso, «es necesario un cambio de mentalidad, no sólo como docentes, sino también como personas o ciudadanos». Considera Alcaraz que, por encima del lenguaje, lo relevante es que «una chica pueda entrar en un laboratorio a hacer investigación, o que pueda ser una más en el equipo de fútbol, o que un chico pueda participar en un concurso de baile, son esas las barreras que hay que romper». Los inspectores, afirma, «deben corregir, no penalizar, y se les debe dotar de medios para poder trabajar de una manera transversal, sin que afecte a la libertad de cátedra o contenidos curriculares».

Para María Gracia del Amo, de ANPE, la cuestión de género «debe ser considerada prioritaria en la planificación de la educación, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de materiales o procesos pedagógicos». En cuando al uso del lenguaje no sexista, considera que se implementará llevando a cabo medidas de inversión y formación. Y, sobre la labor de los inspectores, indica que «debe aportar su parte en este plan, pero insistimos que no puede ser a costa del buen hacer del profesorado únicamente».

Desde otro de los colectivos implicados en el plan, el de los inspectores, el presidente de la asociación andaluza explica que, entre sus fuciones, está también supervisar y comprobar que se cumplen los planes de igualdad. «Nuestra labor es de supervisión, control y evaluación», explica Juan Ruiz, incluida la utilización de un lenguaje no sexista. «Lo que señala la norma tenemos que transformarlo en una realidad en la vida diaria del centro».

Los inspectores, señala, son los únicos competentes para entrar en un aula «somos los ojos de la administración en los centros» y si, detectan alguna anomalía están obligados a denunciarlo ya sea levantando acta o elevando un informe a los superiores. Inspección educativa está realizando una actuación a nivel autonómico en la que se visita una muestra de centros y el inspector está una hora en una clase. Vigilan así que no haya cartelería discriminatoria, o que no se coloque a niños y niñas separados en clase o que se organicen actividades diferentes para cada sexo. Respecto al lenguaje, indica que la normativa es «de obligado cumplimiento», que los inspectores requerirán «de manera adecuada».