El juzgado de cláusulas suelo de Málaga recibe en seis meses 6.000 demandas, el triple de su capacidad anual

La avalancha de reclamaciones no parece disminuir de momento. Así al menos lo indican las 736 demandas que han interpuesto los consumidores malagueños en el juzgado de cláusulas suelo durante el mes de enero de este año, que sitúan el total de asuntos recibidos por este órgano desde su creación hasta hoy en 6.455. Esta saturación se traduce en larguísimos plazos de espera que van a tener que soportar los afectados antes de ir a juicio. Precisamente ésta es un arma que los bancos utilizan para convencer a sus clientes de que se conformen con una compensación inferior a la que legalmente les correspondería.

La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de concentrar todas las demandas relativas a las cláusulas suelo en un solo juzgado por provincia, en lugar de repartirlas –como se venía haciendo– por todos los juzgados de primera instancia, fue recibida con rechazo unánime por jueces, abogados, procuradores, Consejería de Justicia y asociaciones de consumidores. El volumen desmedido de asuntos que estas salas especializadas han acumulado desde prácticamente su nacimiento hizo reaccionar a la autoridad judicial, que a finales de 2017 anunció la creación de cinco nuevos juzgados en Andalucía dedicados de manera exclusiva a cláusulas suelo. De esta manera, en Málaga el próximo 31 de marzo el Juzgado de Primera Instancia número 18 bis dejará de dar entrada a nuevas demandas relacionadas con esta materia, centrándose en resolver las que ya tenga. A la vez, entrará en funcionamiento el Juzgado de Primera Instancia número 20, que será el que centralice todas las reclamaciones de los afectados a partir de entonces.

¿Será suficiente esta medida para solucionar el descomunal atasco que afecta a la resolución de los casos de abusos hipotecarios en Málaga? Según el juez decano, la respuesta a esta pregunta depende de si el nuevo juzgado cuenta con un único juez o más, y del número de funcionarios que se pongan a sus órdenes. «Si el número 20 no se refuerza con otro magistrado y más personal, va a ser muy difícil que asuma el trabajo que le va a ir llegando sin colapsarse también», advierte José María Páez.

Para Borja Martín, representante de Adicae en Málaga, este refuerzo es «pan para hoy y hambre para mañana». «El problema es que el juez solo no basta para atender las demandas; necesita todo un elenco de personal para tramitar la documentación y eso es lo que no está facilitando el CGPJ», asegura. Y añade que resulta «absurdo» que los afectados tengan que esperar años para obtener una sentencia que, en el caso de ser consumidores de a pie, «no hay ninguna duda de que va a ser favorable», ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo sentaron una jurisprudencia muy clara al respecto.

Las asociaciones de consumidores denuncian que la cascada de demandas que siguen llegando a los juzgados son la prueba de que el mecanismo extrajudicial que dispuso el Gobierno para la reclamación de las cláusulas suelo ha fracasado. «Como media, el 80% de los afectados ven rechazada su solicitud», afirma Borja Martín, que señala a Unicaja Banco, a Caja Rural del Sur y a Caja Rural de Granada como las entidades que más difícil se lo están poniendo a los afectados. «Deniegan casi el 100% de las reclamaciones y, después, ofrecen a los clientes un acuerdo ‘voluntario’ ajeno al mecanismo extrajudicial que implica la devolución de una cantidad muy inferior a la que cobró de más y que, además, prácticamente nunca es en efectivo», indica el representante de Adicae.

Esta organización lamenta que, como la vía judicial echa para atrás a muchos ciudadanos –sólo el 10% de los afectados se atreve a poner una demanda, según sus cálculos–, hay una mayoría de víctimas de este masivo abuso bancario que no van a ser resarcidas.