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Iván Gelibter
Domingo, 7 de mayo 2017, 00:40
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La práctica de los vientres de alquiler, que en estos últimos años ha sido también llamada gestación subrogada, amenaza con ser uno de lo ejes del debate social en los próximos años. Debido a esta realidad que ya ha traido consigo que se debatan proposiciones en sitios como en la Asamblea de Madrid, los posicionamientos de algunos sectores ya son claros y directos.
Ese el caso del movimiento asociativo de mujeres a nivel nacional, que ayer tuvo su réplica con las organizaciones de la provincia. Capitaneadas por la Plataforma Violencia Cero, 21 entidades se adhieron al manifiesto estatal de la Red Nacional en Contra del Alquiler de Vientres (RECAV), que rechaza de plano esta práctica. En concreto, consideran que el alquiler de una mujer para reproducir un ser humano se inscribe «en el tipo de prácticas que implican el control sexual de las mujeres», que en las sociedades modernas son la prohibición del aborto y la regulación de la prostitución. Además, sostienen que ninguna legalización puede controlar la presión ejercida sobre la mujer gestante y la distinta relación de poder entre compradores y mujeres alquiladas.
La Plataforma Violencia Cero hizo coincidir la adhesión a este manifiesto con una serie de mesas redondas que tuvieron lugar en el Museo de Málaga, y al que acudieron diversas expertas en materia de feminismo y comunicación, como la filósofa Ana de Miguel, la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Inmaculada Postigo, o la diputada regional en Madrid por Podemos, expresidenta de la FELGTB y una de las artífices del proyecto del matrimonio igualitario, Beatriz Gimeno, que además en los últimos años ha sido una de las voces más contrarias a los vientres de alquiler.
En esta serie de mesas redondas se hizo referencia a una de las artistas clave de la regulación de los vientres de alquiler: la retribución económica de las gestantes. El propio manifesto apunta a que el posible altruismo y generosidad de unas pocas, «no evita la mercantilización, el tráfico y las granjas de mujeres comprándose embarazos a la carta». En su criterio, ningún tipo de regulación puede garantizar que no habrá dinero o sobornos implicados en el proceso, razón por la que consideran «imprescindible» que esta práctica no sea legalizada en España porque, al fin y al cabo, «todo radica en la lógica neoliberal que quiere introducir en el mercado a los vientres de alquiler».
Derechos humanos
Además de todos estos argumentos, las asociaciones de mujeren no consideran apropiado que se legisle en función de aspiraciones y no de derechos. «El deseo de ser padres o madres y el ejercicio de la libertad no implica ningún derecho a tener hijos», afirman, matizando que la perspectiva de los Derechos Humanos supone rechazar la idea de que las mujeres sean usadas como «contenedoras», y que sus capacidades reproductivas sean compradas.
Beatriz Gimeno, una de las voces en contra más relevantes en España, y que pronunció ayer la última de las conferencias, cree que la práctica de los vientres de alquiler es el «hábitat perfecto para todas las opresiones a las mujeres». «En todo el proceso existen varios de violencia, como la real, pero también la que va dirigida a la salud y la simbólica», explicó.
La activista afirmó que entre las partes interesadas por regular en España los vientres de alquiler ya hay una campaña puesta en marcha que consiste en vender «publirreportajes» de familias de «triunfadores» que han alcanzado la felicidad recurriendo a esta práctica, y puso como ejemplo los casos de Miguel Bosé, Ricky Martin, Elton John, o el colaborador televisivo Kiko Hernández, el caso más reciente de todos ellos. Gimeno sostuvo que ya hay un alto porcentaje de personas que dicen estar a favor sin conocer la realidad, aunque se muestra optimista de cara al futuro. «Hemos abierto una brecha porque la industria de la que dicen podría facturar más que la prostitución tiene demasiada prisa por aprobarlo. No les interesa el debate», sentenció.
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