Lo que hay que saber sobre los terrenos de Repsol

1991

Ayuntamiento de Málaga y Repsol firman un convenio para dejar sin servicio desmantelar los depósitos de petróleo de la avenida de Juan XXIII. En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad se contemplaba un parque y una pequeña zona para viviendas que financiarían parte del proyecto.

2001

Una década después de ese primer convenio, el Consistorio y la multinacional suscriben un nuevo acuerdo para retirar los grandes tanques y descontaminar los terrenos, que ocupan una superficie de 177.548 metros cuadrados. Esta vez sí fue la definitiva, una vez que terminaron las obras del oleoducto entre Cartagena y Puertollano, imprescindible para clausurar el que partía desde Málaga. El último buque que atracó en Málaga para descargar petróleo lo hizo en el año 2000.

2006

Tras impulsar una recalificación de los terrenos, el Ayuntamiento suscribe un convenio urbanístico con la promotora granadina Comarex ara transformar la zona con la construcción de cuatro rascacielos de hasta 34 plantas para 932 viviendas y un hotel, otras cuatro torres con 400 VPO, zonas comerciales, equipamientos públicos y un parque de 70.000 metros cuadrados. A cambio de triplicar la edificabilidad de la parcela, las arcas municipales se embolsarían 82,3 millones de euros. La inversión total se cifró en 573 millones.

2008

2008. La tramitación urbanística (el nuevo PGOU no entró en vigor hasta mediados de 2011) para desarrollar los terrenos se demoró más de lo previsto y llegó la crisis. Ante las dificultades de afrontar el proyecto, la promotora lo dejó en manos de Caixa Galicia, entidad con la que ya compartía parte de esta promoción y que llegó a abonar 12 de los 82,3 millones contemplados en el convenio.

2012

Ante la imposibilidad de asumir los 70,3 millones pendientes, la caja gallega y el Ayuntamiento acuerdan que el abono se haga en suelo, quedándose la ciudad con los derechos urbanísticos de tres de las cuatro torres (530 pisos), cuatro bloques que sumarían 400 VPO y dos zonas de uso terciario (oficinas y comercial). La otra parte quedó en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Cuatro años después, ni el Ayuntamiento ni el denominado banco malo han logrado vender, quedando el proyecto aparcado.

2016

Tras cuatro años de parálisis, la idea de crear un gran espacio verde en una de las zonas con mayor densidad de población de Europa se reaviva en enero de este año a raíz de una iniciativa vecinal que, a través de la plataforma digital Change.org, recoge miles de firmas (actualmente suman más 22.400 'on line' y otras cuatro mil físicas) persigue liberar el suelo de los antiguos depósitos para crear un bosque urbano.

En vista de los apoyos que iba recabando esta propuesta ciudadana, los grupos políticos de la oposición trasladaron el debate al Ayuntamiento, dejando solo al equipo de gobierno en su apuesta por mantener el proyecto original, aunque contempló algunas variantes. En la Gerencia de Urbanismo calculan que renunciar a las torres tendría un impacto para la ciudad de 155 millones entre lo que dejaría de ingresar y lo que pagaría por los terrenos y las obras. Además, alegan que modificar el planeamiento vigente se comería unos dos o tres años de trámites.

Los grupos de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) defienden la creación de un gran parque en toda la finca, mientras que Ciudadanos propone una solución intermedia, consistente en reducir a un tercio los usos residenciales, comerciales y de equipamientos públicos para así destinar todo el suelo situado al sur del bulevar a un bosque urbano de 124.000 metros cuadrados.

De forma paralela, la iniciativa ciudadana impulsada por los jóvenes Javier López y Ana Ferrer ha ido cobrando cuerpo hasta constituirse en la plataforma Bosque Urbano Málaga, que recientemente ha presentado públicamente su diseño de bosque mediterráneo elaborado por expertos en la materia.(Descarga aquí a alta resolución su propuesta, 19 megas)

Ante la disparidad de criterios, la Corporación municipal aprobó por unanimidad la convocatoria de una consulta popular para que los malagueños decidan el uso de los terrenos. En principio, está prevista que se celebre en noviembre, aunque está pendiente de un informe del interventor municipal que aclare si afecta o no a la hacienda pública, después de que el secretario general del Ayuntamiento advirtiera que la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local indica que podrán someterse a consulta popular «aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda local». ¿Un hipotético cambio del proyecto para los suelos de Repsol contemplado en el vigente Plan Generalde Ordenación Urbanística (PGOU) es algo relativo a la hacienda municipal? Esa es la cuestión a determinar, un asunto que no está del todo claro si se tiene en cuenta que el proyecto de Repsol permanece asociado a un convenio por el que el Ayuntamiento es propietario de parte de los derechos edificatorios en la zona, a cambio de los 70,3 millones de euros que debía ingresar en origen.