Liberan a tres malagueños secuestrados en Armenia a los que exigían 1,4 millones

La investigación comenzó cuando representantes de la empresa aceitera malagueña acudieron a la Comisaría Provincial para denunciar que tres de sus empleados que se habían desplazado a Armenia podían estar en peligro, ya que llevaban dos días sin poder contactar con ellos. El motivo del viaje era cerrar un negocio con un grupo de inversores de ese país que pretendían comprar 10.000 toneladas de aceite. Para ganarse su confianza y mostrarse como respetables hombres de negocios, llegaron a desplazarse a Málaga para visitar las instalaciones de la compañía, que los recibió -en fin de semana- y les regaló muestras de sus aceites. Los compradores sólo pusieron una condición: el contrato de exportación debía firmarse en Yerevan, la capital de Armenia.

Cuando aterrizaron en el país, los tres emisarios de la empresa malagueña fueron recibidos a pie de pista por los inversores, que se movían en vehículo de alta gama y afirmaban ser representantes del gobierno. En lugar de llevarlos al hotel que tenían reservado, los condujeron a otro que decían haber pagado, «sacándolos de la rutina que tenían programada», según fuentes de la investigación, llevaba a cabo por la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV central, el Grupo de Atracos de Málaga y el de Crimen Organizado I de la Policía Nacional en Barcelona.

Al día siguiente, los recogieron en el hotel para llevarlos al banco a firmar unos documentos. Sin embargo, el viaje, por carretera, a través de las montañas, fue de casi tres horas. Los condujeron hasta una casa de campo donde «iban a comer», pero nada más entrar les quitaron los ordenadores y los teléfonos móviles. Y todo empezó a torcerse. Los inversores, convertidos ya en secuestradores, se inventaron que la policía había cogido a un familiar en la frontera con tres millones en efectivo y culpaban del chivatazo a los empresarios malagueños.

Transferencia

Tras presionarlos, los separaron de habitación y se centraron en el apoderado de la empresa, al que obligaron a colocar las manos sobre un paquete para, después, advertirle de que contenía droga y que, si no accedía a sus pretensiones, lo entregarían a la policía para que pasara una larga temporada en la cárcel. El hombre, asustado, contactó con sus familiares, que transfirieron 100.000 euros a una cuenta radicada en Barcelona.

El operativo se trasladó entonces a la Ciudad Condal, donde la policía arrestó a la persona que acudió al banco para retirar el dinero, hermano de uno de los secuestradores. También en Barcelona se detuvo a dos empresarios españoles, del sector de la restauración, que habrían actuado de gancho entre la banda y las víctimas, ya que, según la policía, se presentaron como socios de los armenios.

Una vez hecha la transferencia, la banda trasladó a los malagueños al hotel donde los habían alojado, que también tuvieron que pagar para recuperar su documentación y volver a España. Lo que no sabían entonces es que en la casa habían coincidido con un empresario catalán del sector inmobiliario que también estaba secuestrado, al que la banda había llevado hasta Armenia con la excusa de cerrar la compra de una vivienda.

La investigación policial, en la que ha sido clave la cooperación internacional, descubriría después un tercer caso, éste en grado de tentativa, que tenía como objetivo a unos empresarios extremeños que estuvieron a punto de viajar para venderles aceite, pero en el último momento los secuestradores abortaron la operación. El caso sigue abierto, ya que los miembros de la banda en Armenia aún no han sido arrestados.