Detienen ocho años después al presunto autor del crimen de Lucía Garrido

El arrestado, un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad que cuenta con una quincena de antecedentes policiales y al menos tres condenas por delitos de lesiones, robo, amenazas y falsificación, permanece incomunicado en los calabozos de la Guardia Civil, que ayer registró durante buena parte del día su domicilio en busca de pruebas sobre el caso, según ha podido saber SUR.

El Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Benemérita, en colaboración con la Unidad de Policía Judicial, llegó hasta el sospechoso gracias al «avance de las técnicas en materia de identificación desarrolladas por el Servicio de Criminalística del Cuerpo», según informó ayer el Instituto Armado. Las fuentes consultadas sugirieron que la clave para detener al presunto autor material ha podido estar en los análisis de ADN.

El crimen de Lucía tuvo lugar el 30 de abril de 2008. La mujer, que tenía 35 años, fue abordada por «una o varias personas» cuando llegaba a la finca con la compra. Lucía fue golpeada con un ladrillo de barro macizo y, posteriormente, arrastrada hasta la piscina, donde le asestaron una puñalada en el cuello. La víctima intentó salir del agua, pero su agresor (o agresores) se lo impidió. Murió ahogada.

Principal sospechoso

La investigación situó desde el principio como sospechoso a M. A. H. que fue pareja de Lucía durante 13 años y con el que tenía una hija en común. Ella lo había denunciado por malos tratos y amenazas. Tras la separación, el juez otorgó el usufructo de la casa a madre e hija, pero dejó el negocio de la finca que servía de refugios para los animales intervenidos en manos de M. A. H., lo que le permitía acceder libremente al recinto.

El hombre se ha aferrado desde entonces a una coartada que le sitúa el día de autos en Cádiz en casa de un conocido. Aportó facturas de comidas, de la autopista y de las estaciones de servicio donde repostó. Su cara quedó grabada en las cámaras de las gasolineras, lo que demostraba que estuvo fuera de Alhaurín cuando mataron a su exmujer.

Un año después, el 25 de abril de 2009, M. A. H., que se había instalado en la casa que ella dejó vacía tras su fallecimiento, abatió a tiros a dos hombres que entraron armados en la finca. Las víctimas, ambas de nacionalidad colombiana, de 25 y 26 años, iban encapuchadas y al parecer portaban un revólver y una pistola. Según la declaración de M. A. H., sobre las 22.30 horas oyó los ladridos de su perro, por lo que salió de la vivienda con una escopeta y se topó con los encapuchados. Él comenzó a retroceder hasta que oyó un disparo y reaccionó apretando el gatillo. La autopsia reveló que los disparos fueron a bocajarro.

La jueza archivó la causa de las muertes de los dos colombianos al entender que M. A. H. actuó en defensa propia. La investigación por el crimen de Lucía también se sobreseyó inicialmente, pero cinco años después, en septiembre de 2013, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga reabrió el caso y tomó declaración a M. A. H. como imputado por presuntos delitos de homicidio y maltrato a su expareja al considerar que pudo ser el inductor del crimen. En enero de 2014, la Audiencia ordenó investigar la relación que «existe o puede existir» entre la muerte de Lucía y las de los dos colombianos.

En septiembre, la jueza de Violencia sobre la Mujer encargó a Asuntos Internos de la Guardia Civil que indagara en la presunta relación entre miembros de este Cuerpo y M. A. H. El atestado del SAI sobre la denominada operación Telaraña recoge 12 posibles delitos, que van desde el cohecho hasta el tráfico de influencias, revelación de secretos o falso testimonio. La investigación se saldó con la imputación de nueve personas, entre ellas seis agentes la imputación sólo se mantiene respecto a dos de ellos por la prescripción de los delitos y el propio M. A. H. por supuestas irregularidades relacionadas con el negocio de especies exóticas.

Sin embargo, el oficio que Asuntos Internos entregó en mayo de 2015 a la jueza adelantado por SUR va más allá y señala, según testimonios de testigos, que la finca «pudiera verse involucrada en asuntos turbios relacionados con el tráfico de drogas y/o armas». Los agentes añaden en su informe: «Se infiere que la misma pudiera ser utilizada permanentemente como guardería (almacén) de sustancias estupefacientes por parte de cierta/s organizaciones criminales».

Testigo del narcotráfico

Asuntos Internos destaca que Lucía Garrido era «testigo directo y presencial», lo que la convertiría en una «amenaza». Para ahondar en los posibles vínculos entre los crímenes, los agentes han realizado una reconstrucción del doble homicidio de abril de 2009, desplazándose por «diversas provincias españolas» para entrevistarse con «efectivos de la Guardia Civil, de otros Cuerpos y de terceras unidades policiales (tanto de ámbito nacional como extranjero)».

Los agentes del SAI detallan que son «numerosas las personas allegadas a los difuntos las que confirman, aseguran y testifican» que el «único motivo» por el que los colombianos acudieron a la finca era la sustracción de «una determinada cantidad de droga». Además, «como parte responsable de la planificación del supuesto robo señalan a guardias civiles corruptos de Málaga». Asuntos Internos considera que estas informaciones supondrían un vuelco en la investigación de las muertes de los dos jóvenes y «arrojarían más sentido aún si cabe al móvil del crimen de Lucía, en cuya planificación pudo igualmente existir la presencia de agente/s de la Guardia Civil directamente vinculados al tráfico de drogas».