La decisión para hacer un gran parque en Repsol se topa con su coste económico

Sobre el papel, seguir adelante con el planteamiento inicial o darle un giro de 180 grados podría ser una decisión puramente política, pero después de 15 años de planificación urbanística surgen una serie de aristas que, al margen de cuestiones jurídicas, técnicas, ideológicas e incluso estéticas, pueden alterar la cuenta de resultados del Ayuntamiento, que es juez y parte al poseer dos tercios de los aprovechamientos de esta finca que gira en torno al bulevar sobre las vías del tren. Según los cálculos de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el impacto económico de eliminar todo el ladrillo pintado en los planos, como plantea el PSOE, podrían alcanzar los 155 millones de euros entre el dinero que dejarían de ingresar las arcas públicas y lo que tendría que pagar por obtener el resto de la finca y crear el parque.

Atendiendo a estas primeras valoraciones realizadas al hilo de la polémica de los últimos días, renunciar a los derechos de las tres torres (530 pisos libres) y a los 25.544 metros cuadrados de áreas comerciales que le corresponden en el sector tendría una repercusión de 70,3 millones de euros. Un montante al que se sumarían los 53,4 millones en los que están tasada la parte que está en manos de la Sareb o banco malo y los 11,4 millones que valdría el suelo para las 400 VPO con el que el Ayuntamiento compensó al grupo inmobiliario Yeregui a cambio de una de las parcelas de Arraijanal que adquirió la ciudad para crear un gran parque y la ciudad deportiva del Málaga.

A este montante habría que añadir los aproximadamente 20 millones que se llevarían la urbanización de la parcela (infraestructuras viarias y el propio parque), que actualmente cofinanciarían los principales propietarios (12 millones el Ayuntamiento y 8 la Sareb), ya que la vivienda pública queda exenta.

Propuesta de Ciudadanos

Siguiendo con los números, la propuesta presentada ayer por Ciudadanos que también será debatida en el pleno de mañana consistente en rebajar a un tercio los usos residenciales, comerciales y de equipamientos públicos para así destinar todo el suelo situado al sur del bulevar a ese pretendido bosque urbano de 124.000 metros cuadrados. Coincide con la socialista en la renuncia de los derechos que posee el Ayuntamiento (70,3 millones), pero manteniendo los del banco malo. Menos viviendas de renta libre (de 932 a 402) y también menos VPO (de 400 a unas 135), que obligaría a trasladar el resto, valorado en otros 7,6 millones, a otro sector de la capital.

Según el portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, se obtendría «un espacio que sería un 75% más extenso que los jardines que plantea el PP y siete veces más barato que la propuesta del PSOE», siempre que, como proponen, la propiedad municipal se trasladara a otro punto de la ciudad, que tendría su complejidad jurídica. Otra cuestión es si la Sareb estaría dispuesta a asumir en solitario los 20 millones de urbanización.

Pero más allá de que el alcalde , Francisco de la Torre, dejara ayer la puerta abierta a «estudiar» la propuesta pese a reconocer que «es muy difícil» que el Ayuntamiento renuncie a la edificabilidad, los técnicos municipales consultados ayer por este periódico ponen el acento en otras claves para calificar la iniciativa de Ciudadanos tan «inviable» como la socialista. Y por idénticos argumentos. Primero, el hecho de que aunque en Carretera de Cádiz y Cruz del Humilladero necesitan un pulmón verde, también están faltos de centros sociales, educativos y deportivos. Segundo, que al eliminar espacios públicos, residenciales y comerciales se conseguiría un mayor parque, «pero sin vida alrededor». Y tercero, que la modificación del PGOU supondría echarle al menos tres años más mientras el previsto ahora podría arrancar este año y estar listo en 2018. Con todas estas premisas, lo que acuerden mañana los cinco grupos políticos es una incógnita. Hasta entonces, tratarán de negociar una salida en común.