La huelga de Limasa pierde sentido al anular un juez los recortes impuestos a la plantilla

El varapalo judicial para Limasa (participada al 49% por el Ayuntamiento) es doble, ya que además de darle motivos a la jueza para no anular aunque fuera provisionalmente un derecho fundamental como es el de huelga (el único precedente es la suspensión del paro de futbolistas dictado en mayo por la Audiencia Nacional), el fallo da la razón al comité de empresa al determinar que los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013 y que expiran el próximo día 31 no tienen rango de convenio, tal y como también defiende la Junta de Andalucía en su condición de autoridad laboral. En la práctica, el dictamen se traduce en que a partir del 1 de enero, la plantilla tiene que recuperar todos los derechos incluidos en el único marco laboral que hay vigente, el de 2010-2012, por lo que deben cobrar la paga de productividad (1.431 euros, aunque 277 sí que se abonaron este año), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, tener la opción de trabajar todos los festivos (se pagan a 140 euros) y recibir cada diciembre la cesta de Navidad (68 euros). La sentencia es recurrible, pero también ejecutiva; es decir, que es de inmediato cumplimiento independientemente de que Limasa decida apelar.

Si lo recuperan todo lo perdido en los últimos años y es lo que exigían, ¿por qué no se ha desconvocado ya la huelga? Fundamentalmente, porque no se fían de la empresa, como así se lo trasladaron en presencia de los mediadores del Sercla. Los trabajadores exigen garantías de que, a cambio de acatar la sentencia, no se vayan a encontrar a comienzos de año con la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como hace dos años para poder afrontar el sobrecoste, que elevaría en unos diez millones el presupuesto actual de Limasa (85,9 millones). Una exigencia que el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, se negó a plasmar por escrito, por lo que la reunión acabó sin acuerdo.

«Estos diez millones pueden suponer la ruina para el Ayuntamiento o abocar a la empresa a una suspensión de pagos ya que no hay dinero», advertía el edil, cuyo rostro dejaba bien claro el panorama que se le presenta en Limasa. Nada que ver con las caras del otro lado de la mesa, sabedores de que ahora son los trabajadores los que tienen la sartén por el mango en la negociación. Jugando sus bazas, están abiertos a abordar un nuevo convenio colectivo, pero sin las prisas que ahora sí que tiene la empresa por suavizar su impacto económico. «Seguimos con el mismo talante negociador y esperamos que la empresa cumpla lo que dice la sentencia sin malas artes», advirtió el presidente del comité, Manuel Belmonte.

A última hora del viernes, y a través de un escueto comunicado de cuatro líneas, el Ayuntamiento afirmaba que los servicios jurídicos de Limasa están estudiando la resolución judicial y que «si el comité de empresa cree cumplidas sus expectativas con la sentencia, debería desconvocar la huelga cuanto antes».

A la espera de la decisión que adopten este domingo los trabajadores, la Junta de Andalucía fijó los servicios mínimos que, como era de prever, son un calco de los que se aplicaron en el paro de las navidades de 2013: el 65% para el Centro histórico y el 40% para el resto de la ciudad tanto en recogida de residuos como en limpieza viaria; elevándose hasta el 100% en el entorno de centros sanitarios, colegios, y mercados. En la planta de tratamiento, el 30%.