Málaga, primera ciudad que recurre a cámaras para frenar el vandalismo en las bicis públicas

Lejos de ser una excepción, la sustracción sistemática y el deterioro premeditado de estos vehículos se repite en todas las ciudades que cuentan con este servicio (Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián o Granada, entre otras), hasta el punto de que la entidad que lo gestiona en Madrid acaba de pedir el rescate del contrato porque no le cuadran las cuentas. En Málaga no se ha llegado a tal extremo, pero en el Ayuntamiento sí que están decididos a ponerle freno al vandalismo con la instalación de cámaras de seguridad en las 23 estaciones que hay repartidas por la ciudad. En algunas ciudades se han puesto sistemas de alarma que saltan cuando se fuerza la bici para su robo, aunque hasta la fecha ninguna ha optado por la videovigilancia a excepción de la capital de España, donde está instalada pero no operativa por no ajustarse a la normativa.

En Málaga sí que está ya funcionando la primera de ellas captando todo lo que sucede en la estación de la avenida Juan XXIII, una de las más conflictivas junto a las de Martínez Maldonado, la citada de la Diputación, la ubicada junto a la Ciudad de la Justicia y la de calle Jaboneros, en La Trinidad. El resto se irán colocando progresivamente en las próximas semanas, ya que lo principal ya lo tiene el Consistorio: la pertinente autorización de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Gastos de mantenimiento

La implantación de la videovigilancia la asume la concesionaria del servicio, Cemusa, confiando en que su puesta en marcha reduzca drásticamente los gastos de reposición, dentro de los 927.000 euros que se destinan anualmente al mantenimiento del sistema, que incluye desde la sustitución de bicis dañadas y robadas hasta el transporte a las distintas estaciones para que siempre haya disponibilidad, pasando por el personal que realiza la tarea. Un montante que, al igual que ocurrió con los cinco millones en los que se valoró su creación y puesta en marcha a mediados de 2013, se sufraga con el dinero que las arcas municipales dejan de ingresar del canon que esta empresa tendría que pagar por la explotación comercial de las marquesinas de autobuses hasta 2021.

Según la estadística que manejan en el Ayuntamiento, los intentos de sustracción de bicis son continuos, aunque la robustez de los distintos componentes del derbi (mecanismo de anclaje) y la bicicleta (soporte pichón) logra impedir buena parte de ellos. Eso sí, de las que finalmente son robadas (ya sea a la fuerza o aprovechando que estaban mal ancladas) apenas se recupera el 30%. Se sustituyen bicis completas, pero aún más elementos de las mismas tanto sustraídos como deteriorados por el uso, entre los que destacan los faros (delanteros y traseros), así como las cestas y los timbres, aunque también hay quienes se llevan los sillines e incluso los pedales.