Multas de hasta 500 euros para quien no someta su perro a las pruebas de ADN

Tal y como avanzó ayer este periódico, la creación de este censo canino se llevará al pleno ordinario de este mes, un primer paso al que le seguirá la modificación de la ordenanza de Tenencia de Animales de Compañía para que sea obligatoria la inclusión de los datos genéticos de la mascota en este banco municipal. A quienes cumplan este trámite (tiene un precio de unos 35 euros y se exigirá previamente tener el chip) se les entregará una chapa que el can deberá llevar en su collar y una tarjeta identificativa del animal que acreditarán que la mascota tiene la prueba realizada. De esta forma, la Policía Local podrá comprobar fácilmente quién no ha sometido a su mascota a esta extracción de sangre, una conducta que tendrán la consideración de infracción leve y conllevará una sanción de hasta 500 euros.

Esta medida también servirá para detectar animales que no lleven el microchip obligatorio, ya que para la extracción de sangre en la clínica veterinaria se pedirá este registro. El incumplimiento de esta exigencia de la legislación autonómica también es sancionable, esta vez por la Junta de Andalucía, como una infracción grave que se penaliza con una multa de entre 500 y 2.000 euros.

Los únicos canes que quedarán exentos de esta obligación serán los pertenecientes a invidentes y aquellos que estén acogidos en distintos refugios en proceso de adopción hasta el momento de su cesión efectiva, al igual que ocurre con el microchipado. Además, a través de los Servicios Sociales se subvencionarán esos 35 euros de la prueba a personas que no tengan recursos.

Una vez completado el registro con los perfiles genéticos (en la capital hay unos 98.000 canes), los técnicos municipales de control de animales podrán tomar muestras de las heces que encuentren en la vía pública, un proceso que bien presencialmente o de forma telemática deberá ser validado por la Policía Local. Esa muestra se enviará a un laboratorio (ubicado en Sevilla) para compararla con los perfiles genéticos registrados.

Este proceso tiene un coste de 18 euros, que en principio serán asumidos por las arcas públicas (se reservará una partida de 300.000 euros para sufragar los gastos en casos de identificación fallida y para financiar el registro a personas sin medios económicos), aunque en el caso de localizar al propietario de la mascota se le repercutirá esta cuantía, además de la correspondiente multa por no recoger los excrementos, que suele rondar los 212 euros pero que puede llegar hasta los 500 si tiene lugar en parques o jardines, calles peatonales, zonas de gran confluencia de público o el entorno de centros educativos y sanitarios. En cualquier caso, el concejal de Sostenibilidad, Raúl Jiménez, la idea es que solo con el efecto disuasorio se reduzca considerablemente «uno de los problemas de los que más se quejan los ciudadanos».