La ONU pide que los torturadores de la CIA sean perseguidos

Emmerson ha considerado que "el informe difundido confirma la sospecha de la comunidad internacional de que hubo una política orquestado a alto nivel dentro de la Administración de George W. Bush que permitió cometer sistemáticamente crímenes y violaciones del Derecho Humanitario".

El relator especial ha indicado que, dado que las identidades de sus autores son conocidas, al menos por el Comité de Inteligencia del Senado, "es hora de pasar a la acción". "Los responsables de esta conspiración criminal deben ser llevados ante la Justicia con cargos proporcionales a la gravedad de sus crímenes", ha urgido.

Emmerson ha subrayado que "el hecho de estas políticas fueran autorizadas al más alto nivel del Gobierno estadounidense no es excusa", sino que, por el contrario, "refuerza la necesidad de que haya responsabilidad criminal".

"El Derecho Internacional prohíbe dar inmunidad a los funcionarios que han participado en torturas, lo cual no incluye solamente a los autores, sino también a los altos cargos del Gobierno estadounidense que concibieron, planearon y autorizaron estos crímenes", ha recordado.

Así, ha subrayado que "no es ninguna defensa para los funcionarios decir que estaban actuando por órdenes de sus superiores". "Los miembros de la CIA que cometieron físicamente torturas son responsables individuales de sus actos", ha sostenido.

No obstante, ha señalado que "las mayores penas deberían reservarse a los más gravemente implicados en planear y autorizar estos crímenes". "Los ex funcionarios de la administración Bush que han admitido su implicación en este programa de la CIA deben afrontar cargos penales", ha afirmado.

Emmerson ha recordado que el presidente estadounidense, Barack Obama, "dejó claro hace cinco años que el Gobierno reconoce el uso del 'waterboarding' (ahogamiento simulado) como tortura". "No hay, por tanto, ninguna excusa para escudar a los responsables", ha recalcado.

En la misma línea ha subrayado que "Estados Unidos está legalmente obligado a llevar a los responsables ante la Justicia", ya que es uno de los firmantes de la Convención contra la Tortura y contra las Desapariciones Forzosas, "que obligan a perseguir estos actos cuando haya evidencias suficientes".

El funcionario de la ONU ha apuntado, además, que "el fiscal general de Estados Unidos tiene la obligación legal de presentar cargos penales contra los responsables" y que, dado que "la tortura es un crimen de jurisdicción universal", también deben ser perseguidos en otros países a los que puedan huir.