El difícil equilibrio de ofrecer algo de luz

El PP está convencido de que la reforma de los cuatro últimos años comienza ahora a dar sus frutos. Por ello, propone continuar este proyecto limitando la generación de déficit eléctrico. A partir de ahí, lo fía todo a la bajada del recibo y apoyo a las fuentes de generación limpias. Mantiene su apuesta por el almacén temporal centralizado de Cuenca, algo que el PSOE se replantea y sobre lo que ni Ciudadanos ni Podemos han fijado postura en sus programas.

El PSOE pone el acento en realizar una auditoría para determinar los costes reales del sistema. Pero, sobre todo, se plantea actuar en el marco de las energías renovables como centro de acción. Plantea un sistema retributivo que sea justo, pero a la vez sostenible, y con más dosis de seguridad jurídica. También pretende fomentar el autoconsumo y descarta el fracking.

Tampoco Ciudadanos quiere esta técnica de extracción hidráulica. Apuesta por medidas de concienciación de ahorro energético como base de su programa en esta materia. Además, revisará el sistema de formación de precios de la energía.

Podemos centra su programa en su plan de emergencia: no a los cortes de suministro, apoyo público a familias vulnerables, sanciones a las compañías. PP, PSOE y Cs se han subido a este carro, cuya bandera enarbola la formación de Iglesia. Los partidos de Rajoy y Rivera plantean modificar el actual bono social; y el de Sánchez, una cobertura mínima para los meses de invierno.

Lo que propone el PP

Factura eléctrica. Rebaja: Propone la congelación de la parte del recibo mensual que depende del Gobierno gracias a la generación de superávits del sistema eléctrico, a la vez que garantiza que no se volverán a generar déficit.

Consumidores vulnerables. Un nuevo bono social: Garantiza que todos los consumidores en situación de vulnerabilidad puedan acceder al bono social a través de un acuerdo con comunidades y ayuntamientos, así como con las empresas del sector, mediante la creación de fondos para proteger a determinados colectivos.

Renovables. Ampliación por pasos: El objetivo es introducir progresivamente nuevas instalaciones de renovables, especialmente aquellas que generen más empleo y desarrollo industrial. Además, establece la exención del impuesto del valor de la producción de electricidad a este tipo de plantas de nueva creación y apuesta por renovar las instalaciones limpias existentes en la actualidad.

Nucleares. Apuesta por el ATC: Mantendrá las centrales nucleares existentes como parte del mix energético para poder reducir el coste de la electricidad. Y culminará la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de Cuenca.

Eficiencia energética. 1.800 millones: Invertirá a través del Fondo Nacional de Eficiencia más de 1.800 millones durante toda la legislatura para alcanzar los objetivos de 2020. Lo hará a través de programas como la rehabilitación de viviendas, impulso del vehículo alternativo y otros trabajos específicos en el entorno del alumbrado exterior, el industrial, el del abastecimiento del agua o la ampliación del etiquetado energético.

Lo que propone el PSOE

Recibo. Auditoría: Impulsará una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa energética como paso previo para impulsar la coherencia entre lo que se paga y se recibe.

Pobreza energética. Mínimo de suministro: Habrá una norma de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de electricidad y gas que garantice que ningún hogar pueda ser privado de una cobertura de subsistencia entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo de cada año.

Plantas verdes. Retribución: Propone un marco retributivo que asegure un retorno a largo plazo de las inversiones en renovables.

Autoconsumo. Sin trabas: Apuesta por eliminar las trabas al desarrollo del autoconsumo energético, incluido el denominado impuesto al sol.

Nucleares. Cuestiona el cementerio: Revisará la decisión sobre la instalación del ATC en Villar de Cañas. Además, implantará un calendario de cierre de las nucleares con 40 años de vida, incluida la de Santa María de Garoña (Burgos). También prohibirá el empleo de las técnicas de fractura hidráulica (fracking) en España.

Fiscalidad. Impuesto al CO2: Creación de un fondo verde para la transición energética que será alimentado con parte del impuesto al dióxido de carbono, con beneficios para familias y empresas.

Eficiencia. Actuaciones en vivienda: Revisión de las normas de edificación y rehabilitación y estrategia de impulso a los vehículos híbridos y eléctricos.

Lo que propone Ciudadanos

Sistema de precios. Sólo costes de producción: Modificará el sistema de formación de precios para que el consumidor pague fundamentalmente por los costes de generación de las diferentes tecnologías que cubren la demanda nacional.

Hogares vulnerables. Un bono social diferente: Propone identificar las familias que realmente necesitan esta ayuda en el recibo en función de su renta, y que el Estado asuma su coste, y no las empresas energéticas, como ocurre ahora. Además, propone incentivar el autoabastecimiento.

Autoconsumo. Cero impuestos: No quiere gravar con ningún peaje la energía producida en una instalación particular, mientras esta no salga a la red.

Renovables. Sin combustibles fósiles: El objetivo es tener un modelo basado en renovables en 2050, impulsando la eólica, solar, biogás, biomasa y biocombustibles.

Fracking. Sin posibilidad: Descarta la apuesta por esta técnica de explotación por los impactos y riesgos medioambientales, la escasez de yacimientos disponibles y la baja rentabilidad económica de estas plantas.

Ahorro energético. Eje de sus políticas: Fomentarán el ahorro en todos los sectores (doméstico, industrial, servicios, transprote y primario); elaborarán planes de concienciación y sensibilización sobre el uso racional de la energía; favorecerán la implantación de sistemas inteligentes de medidas de consumo; fomentarán la reutilización de los residuos industriales, agrícuolas, forestales o ganaderos con programas de gestión enfocados a la economía circular.

Lo que propone Podemos

Nuevo modelo. Empresas públicas: Se estudiará la creación, por parte de cada comunidad autónoma, de una empresa comercializadora de electricidad de titularidad pública para asegurar, entre otras políticas, el «rescate energético».

Emergencia social. Rescate energético: Garantiza un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas. Los suministros de gas y electricidad recuperarán el carácter de servicio público. No se procederá al corte de suministro cuando se trate de la vivienda habitual y el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad del titular. Mínimo vital por hogar: su pago no podrá superar el 10 % de los ingresos mensuales de la familia. Y derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, ampliable de forma indefinida si persiste la situación de pobreza. Además, se sancionarán las cláusulas de los contratos que sean abusivas.

Eficiencia. Menos consumo: Promoverán programas de transición que conduzcan, en 2050, a fuertes reducciones de consumo energétivo y niveles de emisiones de gases de fecto invernadero. Además de la rehabilitación de viviendas, establecimiento de un plan ambicioso de medidas de ahorro y eficiencia en edificios públicos.

Fracking. No rotundo: Compromiso público de no autorizar estas instalaciones.

Renovables. Apoyo en varios frentes: Autorización de nuevas instalaciones de generación renovable sin retribución específica de potencia inferior a 50 MW. Fomentode instalaciones de autoconsumo. Ayudas autonómicas a los sistemas de calefacción y agua caliente renovables.