¿Quién puede reclamar la plusvalía y cómo debe hacerlo? ¿Cuánto te pueden devolver?
Tres claves para entender el impuesto, empezando por qué es plusvalía y quién tiene que pagarlo
Nuria Triguero
Jueves, 2 de marzo 2017, 01:08
¿Qué es la plusvalía y quién tiene que pagar?
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido ... como plusvalía, es un tributo estatal aunque lo cobran los ayuntamientos para gravar el aumento del valor que experimenta el suelo cuando cambia de propietario. Únicamente afecta a los bienes de naturaleza urbana, no los de naturaleza rústica, y solo tributa el valor del suelo, no el de la construcción. Cuando se trata de una transmisión a título oneroso (compraventa), el impuesto lo tiene que abonar el vendedor, mientras que en el caso de transmisiones a título lucrativo (herencias o donaciones) corresponde al adquirente.
¿Cómo se calcula la cuantía a abonar?
La base imponible de la plusvalía se calcula aplicando un porcentaje al valor del suelo que figura a efectos catastrales en el IBI. Ese porcentaje va aumentando en función del tiempo transcurrido desde la anterior transmisión, de forma que a más años, mayor es el coeficiente. A modo de ejemplo, en Málaga capital oscila entre el 3,7% cuando la operación se realiza en el primer año y el 60% cuando supera los 20 años. Una vez obtenida la base imponible, la cuota es el resultado de aplicarle el tipo de gravamen, que cada ayuntamiento puede establecer libremente siempre que no se rebase el máximo legal, que está fijado en un 30%.
¿Quién puede reclamar y cómo debe hacerlo?
Pueden reclamar la devolución de la plusvalía quienes hayan transmitido un inmueble urbano por menos dinero del que lo adquirieron en los últimos cuatro años. Lo primero que hay que hacer es pagar el impuesto y, a partir de ahí, presentar una reclamación por la vía administrativa que, según el sistema de liquidación del impuesto (autoliquidación o liquidación) es diferente. En caso de negativa, el siguiente paso es presentar un recurso de reposición o una reclamación ante el tribunal económico-administrativo municipal. Si también es rechazado, hay dos meses para acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente.
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