La OCDE pide ahora más gasto público en la zona euro y flexibilizar el déficit
Considera que ambas medidas son necesarias para impulsar la economía de la región y cree que los ajustes «masivos» provocaron más recesión
D. VALERA
Sábado, 11 de junio 2016, 00:39
Las políticas de austeridad a ultranza cada vez tienen menos adeptos y más arrepentidos. Tanto que la OCDE recomendó ayer aplicar en la zona euro ... medidas opuestas a las tomadas desde el estallido de la crisis por los diferentes gobiernos. En concreto, aconsejó más gasto público y flexibilizar la reducción del déficit. Todo ello como fórmula para impulsar el lento crecimiento económico de la región que amenaza con estancarse en un contexto de desaceleración global. Esta demanda consta en el informe publicado ayer por la organización, que además hace una valoración negativa de la política de recortes «masivos» aplicados en 2011 y 2012 por haber contribuido a prolongar la recesión.
El organismo que engloba a las economías más industrializadas del mundo prevé que el PIB de la eurozona aumente este año un 1,6% y que apenas avance una décima en 2017 hasta el 1,7%. Además, estima que la tasa de para bajará de forma muy gradual al 10,2% este ejercicio y al 9,8% el próximo. «En el contexto actual de recuperación lenta, los países deberían utilizar la flexibilidad autorizada para ralentizar o suspender temporalmente sus esfuerzos de saneamiento», señala la OCDE en el documento de trabajo. De hecho, se atreve a cuestionar el tabú de la rigidez del Pacto de Estabilidad, la normativa que ha regido sin fisuras la política económica de la Comisión Europea y que está enfocada a la consolidación fiscal y la reducción del déficit de los países de la moneda única.
Sin embargo, el organismo que dirige Ángel Gurría ahora cree necesario que esa normativa sea más flexible y permita el margen suficiente a los países para poder adoptar «una orientación expansionista» de su política económica. Es decir, el organismo sigue defendiendo la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestario, pero se muestra partidario de ampliar los plazos para cumplir la senda de consolidación en los países que se comprometan a realizar reformas orientadas a «mejorar el crecimiento potencial y la sostenibilidad a largo plazo de las cuentas públicas». Justo lo contrario a lo que defiende Alemania y los países del norte del continente.
En este sentido, el informe apuesta por incrementar las inversiones públicas como por ejemplo las redes transeuropeas. Ahí, el organismo pide un mayor protagonismo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que financie proyectos que impliquen «un nivel de riesgo más elevado». Algo que en su opinión no sucede ahora con el denominado Plan Juncker, donde ya participa el BEI con una aportación directa de 5.000 millones. Pero la OCDE también insta a los «países con margen de maniobra presupuestario» a adoptar un cambio de estrategia para favorecer el crecimiento. Un mensaje implícito a Alemania, que disfruta de un superávit en sus cuentas públicas y que debe tirar más de la economía comunitaria (algo que también ha reclamado en otras ocasiones el FMI).
Esta nueva visión de la política económica de la OCDE se produce tras evaluar el resultado de las medidas de recorte y ajuste presupuestario «masivo» aplicado entre 2011 y 2013. Unas políticas que, en su opinión, tuvieron unas consecuencias contraproducentes al «intensificar la recesión» y provocar un aumento de la deuda pública de los estados. Además, el informe destaca que esos recortes tuvieron como una de sus víctimas predilectas la inversión pública, así como, la protección social de la familia y la infancia. También provocaron a un aumento de la presión fiscal en el trabajo mediante subidas de impuestos que afectaron «negativamente al potencial de crecimiento futuro».
De hecho, el informe apuesta también por desplazar los impuestos del trabajo al consumo, es decir, por incrementar el IVA para no penalizar la actividad. Asimismo, abogan por ensanchar las bases imponibles para ganar eficacia en el sistema fiscal. Ahí defiende el papel del programa BEPS impulsado por la OCDE y que pretende obligar a las multinacionales a desglosar los impuestos que pagan en cada país y los beneficios que obtienen en cada lugar.
Rechaza la sanción a España
En línea con la nueva política de flexibilización del déficit la OCDE se mostró en contra de que España -y también Portugal- sea sancionada por la UE por incumplir el objetivo comprometido en 2015. El secretario general del organismo, Ángel Gurría, consideró que ambos países «han hecho un esfuerzo muy grande» y están entre los estados que «más se han reformado». Por este motivo aseguró que «nadie» debería ser multado.
Es más, Gurría alabó -como hiciera Mario Draghi un día antes-la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy y que, a su juicio, ha permitido crear un millón de empleos en los últimos dos años. «España está recogiendo los frutos de haber tomado decisiones difíciles en el pasado», sentenció.
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