Panamá, el 'paraíso' en el que coinciden varias investigaciones de corrupción en España

Desde las pesquisas sobre la compra del ático del ex presidente madrileño, Ignacio González, al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, el 'caso Noos' o los Pujol, entre otros, Panamá es siempre un destino recurrente en casi todas las causas.

La denuncia presentada en noviembre de 2014 por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ante el Juzgado de Estepona, que investiga la compra del inmueble de González, asegura que "la empresa matriz, o al menos uno de los propietarios formales de Coast Investor LLC (sociedad creada para adquirir el ático, según el sindicato) es la instrumental panameña Walford Overseas Investment Ltd, gestionada ni más ni menos que por el despacho de abogados Mossak Fonseca & CO, internacionalmente conocido".

Poca colaboración con España

En la providencia del pasado 9 de marzo en la que jueza de Estepona imputó a González, su mujer y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se recogían otras diligencias como reiterar la petición de una comisión rogatoria a Panamá "reclamando la información interesada en su día" sobre las actividades de Coast Investor. Este país negó a las autoridades españolas estos datos argumentando que no tiene tipificado el delito contra la Hacienda Pública, ni ese delito puede ser considerado antecedente de un posterior de blanqueo de capitales.

Recuerda el SUP en su denuncia que el despacho Mossak Fonseca se publicita "como especialistas en las construcción y gestión de empresas pantalla especializadas en la ocultación de identidades y patrimonio". "Es además conocida también internacionalmente por las Financial Inteligent Unites (FIU*s) que persiguen el blanqueo, por su inclusión en las listas publicadas por la UE que advierte de sanciones a quien mantenga relaciones de negocios con Mossak Fonseca & CO16", añade.

Advertía de que esta firma era "igualmente sospechosa para las autoridades de EEUU de realizar o colaborar en actividades de blanqueo procedentes del tráfico de droga, estando o habiendo sido investigada por su agencia antidroga DEA, precisamente por esta misma actividad en la que está especializada, la construcción de estructuras societarias opacas al servicio de organizaciones criminales".

Correa, riesgo de fuga a Panamá

La acusación del propio Sindicato Unificado de la Policía recogida por Europa Press trazaba la conexión con Francisco Correa: "es completamente relevante que este mismo despacho de abogados haya utilizado también como testigos a las mismas compañías que las utilizadas por el despacho Aba Legal Bureau para la constitución de la sociedad Golden Chain Properties s.a., también panameña".

Precisaba que esta empresa era "supuestamente propiedad de Francisco Correa", y "titular de una cuenta bancaria, conocida como cuenta 'Soleado', en la que se localizaron 12,8 millones de euros, supuestamente procedentes de una comisión relacionada con una operación urbanística en Arganda del Rey (Madrid)".

En el año 2009 la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó la puesta en libertad de Correa al entender que existía "un evidente" riesgo de fuga a Panamá al haber intentado tramitar la residencia legal en ese país antes de ser encarcelado. Le había ayudado para ello presuntamente el empresario Javier Tudela de la Cruz, consiguiéndole un permiso de residencia con el que pudiera afincarse en el país centroamericano.

Urdangarin y Torres

El nombre de Mossack Fonseca también apareció durante la instrucción del caso Nóos, que desde el pasado mes de enero sienta en el banquillo a la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y otros quince acusados por un supuesto desvío de más de seis millones de euros de las Administraciones públicas.

De hecho, tanto el exduque de Palma como su exsocio Diego Torres, también procesado, se habrían servido del asesoramiento del bufete panameño a la hora de urdir una estructura fiduciaria en el extranjero con el objetivo de desviar los fondos obtenidos de forma irregular de las instituciones, ocultar a sus verdaderos beneficiarios y lograr tributar menos que en España.

Entre los más de 70.000 folios y cien tomos que componen la causa, el nombre de Mossack Fonseca figura, en concreto, en tres documentos, uno de los cuales es la factura librada por los servicios de asesoramiento que prestó a los responsables de la trama para montar varias sociedades y abrir cuentas corrientes personales a las que fueron transferidas hasta un total de 420.000 euros desde el Instituto Nóos.

Las cuentas de los Pujol

En el marco de las investigaciones relacionadas con las actividades de la familia Pujol, la UDEF de la Policía Nacional recabó numerosa información sobre entidades bancarias con las que operaban a la hora de desviar su fortuna, sobre todo a diversos paraísos fiscales entre los que se encontraba Panamá.

Cuando el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata aceptó a finales del año pasado la investigación sobre la presunta fortuna oculta en Andorra procedente de la herencia del abuelo Florenci, señaló como presuntos testaferros de Pujol Ferrusola a José de Alba Barnola, Antoni Zorzano Riera o Juan Manuel Rosillo Cerrejón. Según el juez, le habrían permitido guardar y abrir depósitos en México, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Panamá o Andorra.

El juez sostiene que el conjunto de la familia ha venido "orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".

La fundación de Bárcenas

Panamá también aparece en las investigaciones en torno al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien el 7 de julio de 2005 abrió una cuenta de la que era titular la Fundación Sinequanon, con sede en Panamá, a la que traspasó 13,6 millones. Esa cuenta llegó a tener en 2007 un saldo máximo de 25 millones.

Según publicó el diario 'El Mundo', Panamá también fue el destino elegido por el ex embajador Gustavo de Arístegui y el ya ex diputado del PP Gómez de la Serna, quienes negociaron el cobro de comisiones a cambio de intermediar a favor de dos empresas españolas en la obtención de contratos públicos para construir hospitales.