La Casa Invisible vuelve a abrir y exige una reunión con el Ayuntamiento

Amanda Moreno, miembro del equipo jurídico de La Invisible, anunció que el inmueble va a seguir abierto y calificaba de «desproporcionada» la medida de clausura y desalojo que se tomó ayer. «La casa va a seguir abierta y va a desarrollar actividades internas. No tenemos ninguna intención de incumplir la resolución de Urbanismo en cuanto actividades de libre concurrencia, pero las puertas van a estar abiertas dijo. Ayer jueves, el colectivo reiteró su exigencia a Urbanismo para que le entregue el citado informe. Asimismo, anunciaron para la tarde de este viernes una asamblea que estudiará un calendario de movilizaciones para evitar el cierre.

Por tanto, el edificio volverá a estar operativo para las actividades del colectivo, así como el patio (está al aire libre y tiene un acceso independiente), donde, según indicó, no afectan las irregularidades contempladas en la resolución de Urbanismo, un documento del que aseguran no disponer aún. De momento, anularon la fiesta que habían previsto para la Nochebuena.

Moreno insistió en que desde 2012 llevan pidiendo al Ayuntamiento no sólo que cumpla el compromiso de ceder el espacio, sino que permitan acometer un plan para la rehabilitación, que ellos tienen desarrollado y que no pueden llevar a cabo porque carecen de la titularidad (en marzo de ese año finalizó la vigencia de la cesión temporal). «Sólo hemos obtenido el silencio como respuesta y hemos de recordar que el propietario es el Consistorio». Incidió en que llevan «meses» requiriendo al Ayuntamiento para que convoque una reunión para abordar ese plan de actuación y reconoció que, ante ese «silencio», han realizado obras para evitar males mayores en el edificio y que todo el coste se ha asumido desde el colectivo.

Desde el colectivo se considera que la «dejación de responsabilidades» del Ayuntamiento tiene motivación política, pero también urbanística. Creen además que esconde una intención de propiciar el deterioro del inmueble y así justificar su demolición para reconstruirlo conservando tan solo la fachada, que sí está protegida.

Apenas una hora antes de la concentración a las puertas del Ayuntamiento en la mañana del miércoles, el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, ofrecía la visión municipal del cierre del inmueble y lo justificaba, sobre todo, por la elevada peligrosidad de la instalación eléctrica. «No sabemos hasta qué punto eran conscientes los que estaban dentro, pero también había ciudadanos de Málaga que iban a sus actos», justificó el edil, que insistió en el riesgo de que se hubiera producido una «gran desgracia». «Allí también acudían niños», subrayó y puso como ejemplo de riesgo los «numerosos empalmes» de cables o la carencia de extintores.

Informe desfavorable

En su relato, el concejal se refirió al informe desfavorable de la Inspección Técnica de Edificios de 2011, donde se recogía la necesidad de acometer obras de estructura, fachada o mediaderas. Posteriormente, se remitió a la intervención de Urbanismo en agosto de 2014 tras unos desprendimientos en una finca colindante, lo que llevó a una visita posterior de Bomberos a finales de noviembre, que ha derivado en esta resolución. Pomares no hizo referencia a los requerimientos por parte del colectivo (de los que Amanda Moreno mostró posteriormente documentos fechados en 2012) y se limitó a esas dos fechas. Sí remarcó que durante este tiempo se han desarrollado actividades y obras en el inmueble de las que no tenían conocimiento y que deberían haber sido informadas. Tampoco quiso concretar los pasos que se van a dar ahora ni si tienen previsto sentarse con el colectivo para aclarar y solucionar lo ocurrido.

Tras su intervención ante los medios, Amanda Moreno se dirigió a los integrantes del colectivo, concentrados frente al Ayuntamiento, para anunciarles las medidas que van a tomar. De momento, han convocado la asamblea de hoy y la intención es que su protesta derive en una manifestación, aún por concretar.