Puerto Marina adjudicó a tres empresarios más del 66% de sus contratos entre 2011 y 2015

En su informe, de 189 páginas, el interventor municipal sostiene que tanto el exconcejal del Puerto, Francisco Salido, como el exgerente de la empresa pública, José Manuel López Merino, «facilitaron las adjudicaciones y mejoraron el lucro de los contratos». Salido y López Merino eran números uno y dos, respectivamente, de Unión Centro Benalmádena (UCB), formación independiente que fue llave de Gobierno en la pasada legislatura y con la que el Partido Popular presentó una moción de censura en 2012 para desalojar al PSOE de la Alcaldía. El empresario más beneficiado por esta presunta trama responde a las iniciales M. S. I. P. y pertenecía al entorno de UCB. Fuentes consultadas aseguran que se encontraba en la sede del partido durante la jornada electoral de las municipales de 2011, cuando los independientes obtuvieron cuatro concejales.

Este primer empresario presidía un grupo con al menos cuatro sociedades, todas a su nombre, que facturaron más de 1,4 millones de euros al Puerto, siempre según los resultados de la investigación interna a la que SUR ha tenido acceso. A su vez, dos empleados de este grupo, padre e hijo, aparecen como administradores de dos empresas que recibieron 624.368 euros. En total, las seis sociedades mencionadas facturaron el 46,8 por ciento de los contratos adjudicados por el Puerto Deportivo de Benalmádena desde 2011 hasta 2015, excluyendo gastos corrientes como nóminas, electricidad, suministros o seguros. El interventor determina que existe evidencia documental suficiente para asegurar que todas estas sociedades, en su mayoría constituidas entre abril y agosto de 2011, estaban controladas por M. S. I. P.

Entre las supuestas irregularidades destapadas por el informe destaca el fraccionamiento de contratos «con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad». Algunos de estos contratos contemplaban una prórroga máxima de un mes, pero las sociedades manejadas por este grupo empresarial «facturaron esos servicios ininterrumpidamente desde 2011 hasta 2014», sin que los trabajos fueran licitados. El interventor también detecta que para adjudicar algunos contratos, como los relativos al mantenimiento de los jardines o de la zona portuaria, el Puerto solicitaba presupuestos a empresas distintas que pertenecían al mismo administrador único.

En otros casos, como en el proyecto de mejora del edificio de Capitanía, aparecen ofertas de empresas independientes, sin relación alguna con UCB, cuyos presupuestos podrían haber sido falseados. Del informe se desprende, tras analizar firmas y logotipos, que algunas sociedades nunca presentaron sus ofertas y que desde el Puerto se habrían elaborado falsos presupuestos que luego eran descartados en beneficio de alguna de las empresas involucradas en la trama.

Las sociedades de los otros dos empresarios implicados, que responden a las iniciales M. I. A. y M. J. G. G., facturaron 836.710 euros al Puerto, casi el 19 por ciento de los contratos adjudicados en la anterior legislatura. La empresa que recibió la mayor parte de este importe fue creada en octubre de 2011, cinco meses después de las elecciones municipales. El interventor mantiene que en los procedimientos adjudicados a estas sociedades también aparecen ofertas «con indicios de manipulación» y otras supuestas irregularidades en las mesas de contratación, con actas que no están firmadas por ningún miembro del consejo de administración del Puerto. Además, la investigación destapa que varios contratos se adjudicaron sin que se aportaran presupuestos.

Pese a que la auditoría aún no ha concluido, la gravedad de los hechos detectados propició que el interventor elaborara un informe especial que el Ayuntamiento ya ha enviado a la Fiscalía. La investigación de la gestión del Puerto fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de coalición presidido por Víctor Navas, investido alcalde en junio del año pasado con el apoyo de quince de los veinticinco concejales de la corporación. La actual titular del Puerto, Encarnación Cortés, es una exedil de UCB que rompió lazos con Salido y López Merino tras detectar supuestas irregularidades que trasladó a los tribunales.