La juez Núñez archivará la causa contra 24 cargos de la Junta por los cursos de formación

El archivo de las diligencias de la llamada pieza política de la macrocausa se produciría de acuerdo con la Fiscalía anticorrupción. De hecho, la decisión de la jueza de instrucción 6 de Sevilla está a falta de que la Fiscalía le remita un escrito pidiendo el archivo de la causa, lo que ocurrirá en los próximos meses, posiblemente en septiembre, informaron ayer a Efe y Europa Press fuentes judiciales.

Para el archivo se argumentará, según las mismas agencias, que en esta causa hay irregularidades administrativas pero no delitos. La jueza se apoyará para ello en las declaraciones prestadas como testigos por siete de los ocho interventores provinciales de la Junta de Andalucía, y también en la declaración la semana pasada, a petición del PP, del ex interventor general Adolfo García Fernández, aclara Efe.

El exinterventor aseguró que en la justificación de los cursos hubo «dilación», por lo que se informó de un riesgo de menoscabo de fondos públicos por ello. Esto no quiere decir que hayan existido, aclaró, subrayando que en ningún expediente se ha comprobado ese menoscabo. También declaró que desarrolla su trabajo desde 1985 en la Junta y nunca hasta ahora la posibilidad de riesgo de menoscabo de fondos «ha supuesto un procedimiento penal».

La declaración de este interventor de la Junta ya hizo barruntar a abogados de la causa que el sumario de los cursos en el número 6 de Sevilla podría estar desinflándose y no habría un nuevo 'caso de los ERE'.

La macrocausa fue abierta por Mercedes Alaya en 2012 y el 24 de marzo de 2015, dos días después de las elecciones autonómicas, ordenó a la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO)la denominada 'operación Barrado', con la detención de 13 políticos socialistas y altos funcionarios responsables de Empleo en las ocho provincias. Todos quedaron en libertad sin ninguna medida cautelar, pero algunos llegaron a pasar dos días detenidos en los calabozos. Con anterioridad, Alaya ya había imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Red clientelar

Alaya mantuvo que el Gobierno de la Junta había establecido una «red clientelar» con los cursos de formación y enviaba «órdenes» a las delegaciones provinciales para que no se controlara el dinero. Basó sus indicios en la masiva excepctuación de supervisión de las ayudas, que llegó a alcanzar la cifra de 950 millones de euros en octubre de 2013; y en los informes de alerta de los interventores sobre la dilación en el control de las ayudas.

La tesis de Alaya la suscribió el juez del número 5 de Huelva, Javier Romero, el pasado mayo, quien en un auto censuraba a la Junta de «falta de control en todas las fases» y la hacía responsable del «despilfarro» en los cursos de formación.

Núñez Bolaños, no obstante, se decantará por la tesis de la jueza del número 1 de Jaén, Carmen Ballesteros, quien la pasada semana archivó la causa cotra 14 cargos de la Junta al no hallar delitos en sus actuaciones y fue crítica con la investigación policial. «Resulta manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espúreas por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral», escribió.