Griñán recurrirá el auto que le acusa de prevaricación y malversación en el 'caso ERE'

El letrado, José María Mohedano, admitió que el auto había resultado un «mazazo» y un «gran disgusto» para Griñán, a quien el juez Martín le acusa de malversación de fondos públicos por haber conocido los informes de la Intervención General de la Junta a partir de 2005 alertando de que se estaba «prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento» legal para la concesión de las subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo a empresas en crisis. Griñán negó ante el Supremo y también ante el juez Martín que leyera los citados informes, algo que, sostiene, no tenía por qué hacer si no venían con una alerta de actuación, de piloto de aviso de menoscabo de fondos públicos.

Mohedano explicó ayer en Onda Cero que su sorpresa por el auto viene porque «no está sustentado en ningún fundamento ni en ningún razonamiento diferente» al del tribunal que realmente instruyó el asunto, el Supremo, el cual «descartó expresamente el delito de malversación». Mohedano entiende que al no haber investigación nueva, no debería darse una interpretación distinta de los hechos, como parece haber hecho el juez sevillano.

El juez del Supremo Jorge Alberto Barreiro escribió en el auto de imputación contra Griñán el 24 de junio de 2015: «Debe dejarse constancia de que, al menos al día de hoy, no constan datos indiciarios contra José Antonio Griñán como presunto autor de un delito de malversación, pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos, ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas». Barreiro aún añade que Griñán sí sabía que el sistema de concesión de las subvenciones «era claramente ilegal», es decir, tampoco creyó su versión de que no conoció las alertas de la Intervención de la Junta. Pero para el juez del Supremo, estos no son indicios suficientes para concluir que conociera que con la materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para beneficio de terceras personas.

Ánimo de lucro

El instructor de Sevilla en su auto alude a jurisprudencia del Tribunal Supremo para considerar que para que exista delito de malversación no es necesario que el ánimo de lucro que se exige implique enriquecimiento de terceros.

El abogado del expresidente no pierde la esperanza de que en las fases judiciales que aún hay por delante en este sumario, pueda restablecerse la Justicia para su defendido. Por eso dijo que ese recurso se hará «con todo el interés y esperanza de que se pueda restablecer al menos en el delito de malversación, del que no se señala nada de que él se favoreciera o favoreciera a terceros y menos cuál es la cantidad de esa malversación». «No se dice nada porque no existe», añadió. Según Mohedano, «las únicas irregularidades que se podrían haber producido, pero cuya relevancia no está en los tribunales determinarlo, estarían en la concesión de algunas adjudicaciones», que atribuye a decisiones en la Consejería de Empleo..

Además de los encausados, las partes también pueden recurrir el auto. Tanto el PP como la Fiscalía, acusación particular y pública, estudian si proceden o no hacerlo.