El Supremo archiva la causa contra García Pelayo por la 'Gürtel andaluza'

Por similares motivos, varios aforados del PSOE, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves o José Antonio Griñán en el 'caso de los ERE', fueron investigados por el Tribunal Supremo y ahora por el juzgado númer 6 de Sevilla por estar presentes en las reuniones donde se tramitaban las ayudas sociolaborales sospechosas, pero sin tener conocimiento exacto del contenido de las mismas. En ese caso, el instructor del Supremo Alberto Jorge Barreiro sí vio indicios de responsabilidad penal pese a que el reparto de los fondos se gestionaban en la Dirección General de Trabajo.

Los hechos investigados se produjeron en el año 2004, cuando el Ayuntamiento que ella presidía firmó diversos contratos administrativos para un pabellón en Fitur y actos en la Plaza Mayor de Madrid, a empresas de la trama Gürtel. Unos contratos, firmados después de celebrarse los actos, respecto a los que el juez instructor, en su exposición razonada llegó a decir que «trascendieron las meras ilegalidades. Su arbitrariedad fue patente y grosera (...) y desbordaron la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso», lo que llevó a elevar la causa al Supremo al hallar indicios de prevaricación continuada.

El instructor del Supremo, el magistrado Antonio del Moral, no cuestiona la posible relevancia penal de los hechos investigados, ante el cúmulo de indicios que apuntan a que la asignación fue una decisión arbitraria adoptada «al margen de todo procedimiento legal, beneficiando a unas concretas empresas - tres- que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada, sin respeto a los procedimientos y garantías administrativas».

Del Moral constata también que la decisión de adjudicar los contratos a las tres empresas fue anterior a los propios expedientes, que se tramitaron después de Fitur.

Pero a continuación Del Moral descarta que la alcaldesa firmara los contratos a sabiendas de su arbitrariedad. El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal que establecen que el delito de prevaricación exige probatoriamente algo más que la pura constatación de la firma en una resolución objetivamente arbitraria e injusta.

El juez considera «obvio» que en determinados ámbitos administrativos o empresariales «se ha de operar con un principio de confianza en la labor de los escalones previos al ámbito estrictamente decisional, por lo que no es exigible que el alcalde de un ayuntamiento como el de Jerez, contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma».

El auto califica de «creíble» el testimonio de la investigada sobre su desconocimiento de «toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no sólo muy verosímiles sino además sugestivas de acomodarse a lo más probable».

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, celebró el fallo: «Siempre creimos en María Jose García Pelayo y confiamos en su honestidad». Sanz reclamó que «pidan perdón» quienes la «han perseguido».

La Fiscalía, que llegó a situar a Pelayo en la cúspide del engaño, puede recurrir el archivo ante la sala de lo Penal del Supremo.