Chaves matiza a Griñán: «Si el fraude fue pequeño o grande lo tendrán que decir los jueces»

Todo ello si consigue antes convencer al juez Barreiro del archivo de la causa contra él, sobrevenida por la investigación que aborda la jueza Mercedes Alaya sobre el presunto fraude en las ayudas sociolaborales y a empresas de la Junta de Andalucía durante una década. Porque Chaves, como su sucesor, José Antonio Griñán, están en el punto de mira de la actualidad también por haberse convertido en moneda de cambio en las negociaciones para la elección de Susana Díaz como presidenta de la Junta por el Parlamento. Podemos y Ciudadanos piden su dimisión a cambio de respaldar la investidura de la socialista.

Susana Díaz ha dicho que deberán dimitir si son imputados de un delito. Por lo pronto han declarado de forma voluntaria, en calidad de imputados, ya que no puede ser de otra manera, aunque aún Barreiro no ha formalizado ninguna acusación contra ellos, para lo que tendría que pedir el suplicatorio al Congreso en el caso de Chaves y al Senado en el de Griñán. El juez, no obstante, sí ha advertido a ambos que investiga supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Alaya sostiene en la exposición razonada que remitió al Tribunal Supremo en agosto pasado que Chaves «participó» en la «directriz» y «diseño» de un sistema ilegal para la concesión por la Junta de ayudas sociolaborales y a empresas de forma arbitraria desde el año 2000 y que «avaló» su continuidad en el tiempo. De esta forma, según las jueza, se otorgaron, por las llamadas transferencias de financiación, 855 millones de euros, con un desvío de fondos de 140 millones en sobrecomisiones de intermediarios que participaron en los expedientes de regulación de empleo (ERE), prejubilaciones a intrusos y ayudas fraudulentas a empresas, sobre todo a la Sierra Norte de Sevilla. Alaya sostiene sus indicios contra Chaves porque entiende que es «impensable» que un sistema de ayudas, con numerosas ampliaciones presupuestarias cada año en los consejos de Gobierno, no fuera conocido por el presidente de la Junta.

Chaves se mostró tajante dentro y fuera del tribunal. Ante el juez manifestó nada más comenzar el interrogatorio que se ha leído la exposición razonada de Alaya y que todos los hechos que esta atribuye a él «no son ciertos». Toda su declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, es una sucesión de respuestas negativas sobre el conocimiento de cualquier irregularidad o ilegalidad en el funcionamiento de la Junta de Andalucía en general y sobre el fraude de los ERE en particular.

Chaves echa balones fuera y señala, como también hizo Griñán, a la Consejería de Empleo como culpable y a la Intervención General de la Junta como responsables de haber detectado las posibles irregularidades. Se defiende una y otra vez de que nunca tuvo conocimiento de las advertencias de la Intervención sobre la no idoneidad del sistema y de las alertas por las reiteradas ampliaciones presupuestarias porque nunca llegó a sus manos o al Consejo de Gobierno un informe de actuación o alarma de menoscabo de fondos públicos.

En un momento y ante la insistencia del juez declara que no va a decir que el interventor (Manuel Gómez, también imputado) no cumplió su obligación: «Si no elevó el informe de actuación sería porque no advirtió ilegalidad alguna», afirmó. Al juez Barreiro reitera que si hubiera conocido alguna irregularidad «no lo hubiera permitido». A los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar contestó que, de saberlo, hubiera actuado «con o sin informe de actuación» del interventor. Ante los periodistas en la calle, una vez terminada la comparecencia, se mostró también contundente al afirmar que nunca tomó «ninguna decisión ilegal» en sus muchos años de servicio público en la política. «Nunca, jamás», enfatizó. «Por lo tanto, en el Consejo de Gobierno que he presidido, ni se ha conocido, ni se ha mantenido, ni se ha impulsado ninguna ilegalidad», afirmó en alusión a Alaya.

Chaves, que fue presidente desde 1990 a 2009, enfatizó que todas las medidas que tomó estuvieron «basadas en la legalidad» y aprobadas «con todos los trámites e informes necesarios».

Lo que piensa de los ERE

El expresidente defendió, como en otras ocasiones, el «efecto positivo» de las ayudas sociolaborales «en la lucha contra el paro y el desempleo» de los trabajadores y recordó que fueron concertadas con los sindicatos y organizaciones empresariales.

¿Pero qué piensa el expresidente del fraude de los ERE? En la comisión de investigación del Parlamento, en septiembre de 2012, tachó de «hechos aislados y excepcionales» lo ocurrido. Ayer minimizó también el supuesto fraude y habló de comportamientos «individuales». «Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, será la Justicia la que determine si hubo actuaciones individuales que cometieron fraude o no», enfatizó. Pero además añadió una frase que puede interpretarse como una matización a las declaraciones de Griñán, con quien no guarda buenas relaciones, cuando dijo el jueves que en la Junta no hubo un «gran plan» para delinquir, «pero sin un gran fraude». «Si hubo fraude y el fraude fue pequeño o grande lo tendrá que determinar la Justicia», declaró Chaves a los periodistas.

El expresidente, en respuestas durante el interrogatorio al fiscal, dice desconocer que los sindicatos cobraran sobrecomisiones, pero critica que lo hicieran. Al juez responde que no sabía de las ayudas puntuales, solo conocía los conflictos y problemas de las grandes empresas y planteaba la posibilidad de que si había una solución se adoptase, pero el procedimiento habitual para la concesión de la ayuda lo desconocía.

En su defensa argumenta que tenía «cerca de 200 directores generales», que no despachaba con ellos, en alusión a Javier Guerrero, acusado de colar los intrusos y firmar ayudas fraudulentas a empresas, sino con los consejeros, y que partía de que el procedimiento a partir del cual se concedían las prestaciones era completamente legal.

El expresidente defiende el sistema de las transferencias de financiación, que eran incluidas en los Presupuestos anuales, de los que solo le llegan al Consejo de Gobierno las cifras globales de las consejerías, no partida a partida. Argumenta que el Parlamento y su oficina de control presupuestario y la Cámara de Cuentas nunca advirtió del uso irregular de dichas transferencias. «Es muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados no hayan visto absolutamente nada ilegal sobre estas transferencias», manifestó.

Chaves es el tercero de los aforados en declarar ante el Supremo. La pasada semana lo hicieron el exconsejero de Trabajo José Antonio Viera y el expresidente José Antonio Griñán. Barreiro también interrogará mañana jueves al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y el próximo día 21 a la exconsejera de Presidencia Mar Moreno. Barreiro rechazó aplazar la declaración de Zarrías como pide Manos Limpias.