La operación por el fraude en los cursos de formación se cierra con los 16 detenidos en libertad con cargos

Fue el pasado martes cuando los agentes de la UCO realizaron esta operación de manera simultánea en las ocho provincias andaluzas, deteniendo a un total de 16 personas, entre ellas cuatro exdirectores generales de la Junta, nueve exdelegados provinciales de Empleo y tres responsables de dos consorcios de formación, por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.

Entre los detenidos se encontraban los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla, Aurora Cosano, y Huelva, Eduardo Muñoz, quienes fueron cesados de inmediato.

Tras su detención, las primeras en comparecer ante la magistrada fueron las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo María José Lara --para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón-- y María Teresa Florido; la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

A excepción de María Teresa Florido, todas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la juez, quien las dejó en libertad con cargos ya en la madrugada del miércoles.

Fianza civil de seis millones de euros

A continuación, y en la mañana de ayer, la instructora dejó en libertad, después de negarse a declarar, a las exdelegadas de Empleo en Sevilla, y Almería, Francisca Pérez Laborda; a la exdelegada del ramo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, y a la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán.

La Fiscalía Anticorrupción, cabe recordarlo, pidió una fianza civil de más de seis millones de euros para esta última imputada, una cantidad parecida a la que solicitó ya en la tarde del miércoles para el exdirector gerente de este consorcio, José Gutiérrez, quien también quedó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar.

En la tarde del miércoles también comparecieron ante Alaya los exdelegados provinciales de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas --también imputado en el caso de los ERE irregulares--; Cádiz, Juan Bouza; el de Córdoba, Antonio Fernández; el de Huelva, Eduardo Muñoz, y el de Málaga, Juan Carlos Lomeña, quienes también quedaron en libertad tras negarse a declarar.

"Red de clientelismo político"

En los autos de imputación de todos los exdelegados provinciales de Empleo, Alaya pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".

Los último en comparecer ante la instructora, ya este jueves, han sido el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes y el exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, que se han negado a declarar y han quedado libres, como todos los demás.

El abogado de Manuel Brenes, de su lado, ha calificado de "excesiva, innecesaria y desproporcionada" la detención de su cliente y ha considerado que se podrían haber vulnerado derechos "esenciales" y "fundamentales", por lo que ha anunciado que "sopesará" lo ocurrido y "actuará en consecuencia en el ejercicio de la defensa".

Detención "innecesaria" y "desproporcionada"

En declaraciones a los periodistas, el letrado del imputado, Alfonso Martínez del Hoyo, ha señalado que, en estos momentos, "no cabe posible defensa" porque las actuaciones son secretas y no han tenido acceso a las mismas, añadiendo que la juez "no le ha imputado a Manuel Brenes ningún hecho concreto" y únicamente "le ha atribuido conductas o entenderes incursos en patrones de conducta".

El abogado ha puesto de manifiesto "el juicio respetuoso pero firme de disconformidad con la detención" de su patrocinado por entenderla "innecesaria y desproporcionada", sin que "se dieran las condiciones legales a que toda detención debe corresponderse en nuestro Estado de Derecho".

A su juicio, "era perfectamente conocido" que el imputado "es un jubilado como funcionario de Enseñanza con domicilio y raigambre perfectamente definidos, y sobre cuya disponibilidad permanente a la Administración de justicia no podía dudarse en ninguna forma".

"La edad, 65 años, y delicada condición de salud de quien padece una enfermedad que necesita de tratamiento diario, según supo desde el primer momento la Guardia Civil, hacía doblemente innecesaria y excesiva" la detención, ha aseverado el letrado.