La Junta cesa a los dos directivos en activo detenidos en la nueva operación contra el fraude en los cursos de formación

El portavoz del Gobierno en funciones, Miguel Ángel Vázquez, ha informado tras la reunión del Consejo de Gobierno, de que el Ejecutivo autonómico ha decidido apartar de sus cargos a los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fue alcalde de Nerva (Huelva).

Aunque esos dos directivos han sido apartados de sus cargos, Vázquez ha expresado su respeto a la presunción de inocencia y se ha mostrado convencido de que son personas "honestas e íntegras".

No obstante, Vázquez ha incidido en que el Gobierno tiene que actuar "con hechos para dar tranquilidad a la ciudadanía y preservar el buen nombre de la Junta de Andalucía" y, además, ha apostillado: "No podemos decir una cosa y hacer la contraria".

Aunque ha reconocido que la decisión de cesar a los cargos en activo puede resultar injusta por el respeto a la presunción de inocencia, ha asegurado que "hay que actuar de manera inmediata e implacable" para "dar ejemplo los ciudadanos que exigen que actuamos no sólo con palabras sino con hechos".

Ha subrayado que esta decisión del Gobierno andaluz deja en evidencia lo que se hace en otras instituciones y en este sentido ha dejado claro que "Andalucía no es Madrid; ni se jalea ni se mantienen cargos públicos implicados en casos de corrupción" como la directora de comunicación de la comunidad madrileña Isabel Gallego, implicada en la operación púnica.

Preguntado por el hecho de que la juez instructora del caso del fraude en los ERE y en los fondos de formación Mercedes Alaya no haya ordenado las detenciones hasta pasadas las elecciones autonómicas, el portavoz del Gobierno andaluz en funciones ha dicho que "ni valora ni comenta ninguna actuación judicial".

No obstante, ha reiterado la voluntad de colaboración de la Junta de Andalucía con la justicia para que se recupere hasta el "último euro mal usado".

Preguntado por las cesantías -el cobro del sueldo durante dos años una vez cesados los altos cargos-, Miguel Ángel Vázquez lo ha justificado porque Andalucía tiene el régimen de mayor incompatibilidades de España.

Ha apuntado que cuando cesan los altos cargos durante dos años no pueden trabajar en asuntos vinculados a la función que han tenido y, por tanto, tienen dificultades para acceder al mercado laboral, salvo que pertenezcan a la función pública.

Además, los altos cargos no cobran la prestación por desempleo cuando cesan en su cargo y se quedan en el paro, salvo que vuelvan a su puesto de funcionario si proceden de ámbito público, ha alegado.

Igualmente, ha sostenido que la existencia de las cesantías favorece que "no existan las puertas giratorias".