Alaya asegura que Chaves y Griñán participaron en el sistema de los ERE

Estos datos «objetivos y reales» figuraban en la memoria anual de la agencia, dice el escrito, y «lejos de producirse una reacción contraria al sistema implantado, por ausencia de procedimiento, por su arbitrariedad, pero sobre todo por las consecuencias que podía generar el déficit producido, se produjo una reacción de reafirmación», el sistema se mantuvo hasta el final de la década e incluso el déficit creció. Se trataba de cantidades notables: 38,3 millones de euros en 2003, 93,6 millones en 2004 y 95,5 millones en 2006. En total, la jueza cifra en 855 millones las ayudas investigadas.

No se trata sólo de que los consejeros o el presidente de la Junta conocieran el sistema, dice Alaya, «es que participaron la mayor parte de ellos en su instauración y todos ellos en su mantenimiento».

La jueza señala así la «presunta responsabilidad» de Viera, Vallejo, Griñán, Chaves, Zarrías, Martínez Aguayo y Ávila. La magistrada ha elevado la causa al Supremo por el aforamiento de todos ellos y de otros dos consejeros, Manuel Recio y Mar Moreno, a quienes también implica en la llamada «trama política» de los ERE fraudulentos, que basa en el uso de dinero público para pagar ayudas a empresas de manera ilegal, sin control de la intervención y con criterios arbitrarios, que llega a atribuir al amiguismo y la cercanía política.

Alaya se apoya en los informes del interventor general, Manuel Gómez Martínez, y asegura que su contenido, advirtiendo con reiteración de los déficits generados por Empleo, fueron conocidos por el entonces consejero de Hacienda, Griñán, pese a las afirmaciones de su entonces viceconsejera, Aguayo, de que no le dio traslado; pero también llegaron al conocimiento del presidente Chaves, en su calidad de titular de la comisión delegada de asuntos económicos, ante la que cada año se sometía el anteproyecto de presupuestos y con él los informes de la intervención.

La exposición razonada redactada por Mercedes Alaya aborda también el polémico papel del Parlamento en el caso, ya que alguna defensa ha alegado que las transferencias de financiación estaban contenidas en el Presupuesto de la comunidad y éste era aprobado por la Cámara.

Alaya establece el «desconocimiento» de la Cámara del «sistema ideado», debido al uso «probablemente intencionado de un lenguaje oscuro, ambiguo y difuso, con expresiones equívocas» de modo que no se exponía con claridad el cuestionado sistema. Concluye que el Parlamento ignoraba «que indiciariamente se había falseado el presupuesto de IFA/IDEA con pérdidas ficticias para a su vez permitir a Empleo la aprobación del crédito presupuestario relativo a las transferencias de financiación» y que éstas «se iban a utilizar no para enjugar pérdidas que no existían, sino para conceder subvenciones sin crédito presupuestario adecuado y suficiente».

Alaya describe en 46 folios lo que considera una «auténtica subversión del ordenamiento jurídico» y detalla la evolución de las ayudas sociolaborales, la inclusión de intrusos y el pago de sobrecomisiones.