Los parados en riesgo de exclusión tendrán prioridad en el nuevo decreto de empleo de la Junta

El nuevo decreto ley, que dispondrá de una dotación de 106 millones de euros en los dos próximos años, sigue la misma pauta que el aprobado el pasado 29 de abril para el fomento del empleo juvenil -aunque éste tenía un presupuesto de 200 millones de euros-, de forma que las contrataciones se canalizarán a través de los ayuntamientos y también de las entidades sin ánimo de lucro.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha subrayado en rueda de prensa que el nuevo plan va dirigido a los andaluces "más golpeados" por los efectos de la crisis -en Andalucía hay 400.000 parados de larga duración-.

El decreto establece dos grandes líneas de ayuda financiadas con fondos europeos, según ha explicado Maldonado, que ha subrayado las dificultades de los potenciales beneficiarios para encontrar trabajo, ya que dos de cada tres afectados no tienen estudios superiores y, en el caso de las mujeres, un 49 % de ese segmento de desempleados, sólo tiene estudios de Primaria e incompletos.

Las dos grandes líneas de ayudas son la llamada Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, que facilitará contrataciones en proyectos de obras y servicios por parte de los ayuntamientos, y la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, para servicios de utilidad colectiva a cargo de entidades sin ánimo de lucro.

La primera de las iniciativas contará con un presupuesto total de 80 millones de euros para 2014 y 2015, y la Junta sufragará el 100 % del coste salarial y de Seguridad Social en los contratos que realicen los ayuntamientos, de hasta seis meses de duración y preferentemente a jornada completa.

Como medida de equilibrio territorial, el decreto ley distribuye las ayudas entre todas las localidades andaluzas atendiendo a su peso poblacional y al porcentaje de desempleados de más de 30 años, aunque la Junta garantiza una ayuda mínima de 7.800 euros por municipio y los contratos de esta iniciativa oscilarán entre los 1.300 y los 1.700 euros mensuales.

Por su parte, la Iniciativa Proyectos de Interés General y Social Generadores de Empleo, dotada con 26 millones, promoverá la contratación de desempleados, durante un máximo de seis meses, por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro en los ámbitos de la dependencia y servicios sociales; gestión sostenible; economía social; innovación; comercio de proximidad y exterior; tecnología de la información; voluntariado; medio ambiente, y cultura y ocio.

En estos casos, la Junta concederá hasta un máximo de 200.000 euros por entidad para iniciativas que finalicen antes del 31 de mayo de 2015 (en el primer caso deben acabar antes del 1 de mayo).

Ambas iniciativas estarán cofinanciadas con fondos europeos y tendrán como destinatarios a personas de más de 30 años inscritas como demandantes de trabajo en el Servicio Andaluz de Empleo, aunque tendrán prioridad los beneficiarios del Ingreso Mínimo de Solidaridad, parados de larga duración que han agotado la prestación y los titulares del Bono de Empleo Joven que no formalizaron en su día un contrato de trabajo y que ahora tienen más de 30 años.

Tanto en la línea de ayudas para los ayuntamientos como en la dirigida a entidades, tendrán preferencia los parados de larga duración (inscritos como demandantes al menos doce meses ininterrumpidos) que estén empadronados en el municipio donde se desarrolle la actuación.

Los ayuntamientos y entes sociales beneficiarios deberán presentar sus solicitudes de proyectos ante el SAE en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la normativa.

El consejero ha justificado la reducción -a casi la mitad- de la dotación del programa aprobado hoy respecto al decreto ley para el fomento del empleo juvenil, por las "restricciones presupuestarias", pero se ha mostrado convencido de que este tipo de programas se mantendrán mientras no se produzca la recuperación económica.

"La razón es la insuficiencia financiera", ha admitido Maldonado, que ha resaltado, no obstante, que la Junta ha destinado desde el pasado diciembre casi 900 millones de euros a distintos programas para el fomento de la creación de empleo, lo que supone "un gran esfuerzo" pues se trata de políticas que "no son competencia de la Junta".