Las personas con discapacidad votan

Los trámites de la modificación normativa no han estado exentos de dudas y de algún que otro pensamiento malintencionado basado en un concepto paternalista, anticuado y desvirtuado de la discapacidad que, precisamente, desde la entrada en vigor de la Convención se está tratando de eliminar y olvidar. A pesar de todo, el 18 de octubre de 2018 se aprobaba en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor a partir del día 7 de diciembre pasado. Esta reforma supone una medida histórica en la recuperación de derechos, especialmente en el caso de las personas afectadas por problemas de salud mental o discapacidad intelectual ya que quedan sin efecto las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por resolución judicial. Así, las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de Ley. «Toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera», recoge la norma, pero pasada la euforia surgen dudas respecto de su aplicación práctica ya que, aunque no parece que se tenga que reunir ningún requisito adicional ni seguir ningún otro procedimiento, no hay que olvidar que el sistema electoral es estricto por seguridad jurídica, prevé procedimientos y plazos muy específicos para revisar el censo, hacer alegaciones o impugnaciones en caso de desacuerdo. Algo tedioso para la mayoría de las personas y, en muchos casos, con las dificultades que existen para este tipo de apoyos, prácticamente imposible para personas con discapacidad que no han podido participar en unos comicios desde hace muchos años o nunca.

Es por eso que, anticipándonos a multitud de circunstancias que se podrían producir como solicitudes de alta en el censo, aportación de informes médicos y o sociales, valoraciones de forenses, documentos notariales o multitud de infinidad de barreras que nos encontramos en el camino a diario, y, también afectados por el autoestigma y el sentimiento derrotista que a veces nos afecta a todas las personas que estamos en este «barco de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad», por lo que desde FEAFES Andalucía Salud Mental enviamos una consulta a la Oficina Censal tratando de ver la forma lo más práctica y sencilla posible de poder ejercer el derecho de voto en las próximas elecciones municipales.

«En relación a la votación para las próximas elecciones de mayo de las personas que han sido incapacitadas judicialmente, la Oficina del Censo Electoral ha hecho una consulta a la Junta Electoral Central. Estamos a la espera de respuesta. Guardamos su correo para contestarle en el momento que tengamos más información», nos respondía un jefe de servicio. La contestación me tranquilizó en cierto modo pero al minuto me volvió a invadir el fantasma de volver a estar ante una alternativa compleja y tediosa.

La sorpresa llegó la mañana del viernes en forma de mail; el eficiente, honesto y cumplidor funcionario nos respondió como mejor no podíamos imaginar: «Según acuerdo de la Junta Electoral Central, la Oficina del Censo Electoral va a incorporar al censo electoral a todas aquellas personas que habían sido excluidas como consecuencia de resoluciones judiciales de privación del derecho de sufragio activo, sin que tengan que aportar ninguna documentación».

¡No nos lo podíamos creer! ¡Era verdad! Las personas que, en la mayoría de los casos tan injustamente fueron privadas del derecho al voto porque, posiblemente, en otras parcelas de la vida necesitaron apoyos van a poder votar, no van a tener que reunir ningún requisito diferente o adicional al resto de la ciudadanía Española ¡han recuperado el derecho al voto!

Estamos tan acostumbrados a que la conquista de derechos por parte de las personas con discapacidad, especialmente las personas con problemas de salud mental que viven día a día el rechazo y la discriminación en todas las parcelas de la vida, sea una carrera de obstáculos insalvables e inhumanos que tanta amabilidad, tanta facilidad para poner el derecho al voto en práctica nos ha abrumado.

Esperamos que cunda el ejemplo, que sirva para visibilizar y reivindicar que cuando existe voluntad de facilitar el acceso al ejercicio práctico de derechos esenciales a colectivos que necesitan ciertos ajustes y apoyos se puede y se debe hacer; no solo porque lo diga la ONU, no solo por que lo diga la LOREG, no sólo porque lo digan las nuevas Leyes de discapacidad, si no porque es de Justicia que recuperen la voz, el derecho a opinar, a participar en la vida pública, a decidir el presente y el futuro de las políticas públicas. Con esto se demuestra que sí se puede, además se puede con amabilidad y buen trato.  

Pues sí, estamos de enhorabuena. Uno de los grandes muros de la discriminación y el estigma se ha derribado. Gracias a todas las personas que lo han hecho posible y que lo van a hacer posible sin dudas, sin barreras mentales o físicas esta primavera.